La Comisión parlamentaria de Control de créditos destinados a gastos reservados más conocida como la comisión de secretos oficiales echa a andar este jueves en el Congreso con la representación de los partidos independentistas después de que previsiblemente se constituya en el pleno de la Cámara con una mayoría superior a la absoluta.
PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCAT, PDeCAT, EH Bildu, la Cup, BNG, y los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, como PNV, Compromís, Más País, PRC o Teruel Existe permitirán que se constituya esta comisión que ha estado bloqueada durante más de dos años ante la negativa de los partidos de la derecha a que estuvieran representados los independentistas.
Después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya propuesto a la Cámara Baja rebajar la mayoría para garantizar una mejor pluralidad política en esta comisión y evitar vetos a ERC, Bildu o a cualquier otro partido, el órgano en el que se trata la información clasificada quedará este jueves oficialmente constituido bajo la presidencia de Batet.
Su constitución con la nueva mayoría absoluta que sustituye a la de tres quintos -requeridos por resolución desde 1992- se produce días después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, apuntara que el Gobierno buscaría todas las fórmulas para que se aclarara el presunto espionaje a políticos independentistas y se pudiera crear esta comisión.
MÁS DE DOS AÑOS DE BLOQUEO
Este jueves tras más de dos años de bloqueo los diputados que estén presentes en el hemiciclo depositarán en una urna los nombres de los portavoces parlamentarios que consideren oportunos y que hayan sido designados por cada grupo para estar en esa comisión.
Además de los portavoces del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Ciudadanos, por parte del grupo Plural estará la dirigente parlamentaria de JxCAT y como representación del grupo Mixto, la de la Cup.
Según el procedimiento cada diputado podrá escribir en la papeleta hasta diez nombres de diputados pertenecientes a cada uno de estos grupos y resultarán elegidos aquellos diez que más votos obtengan siempre que pertenezcan a grupos parlamentarios distintos y hayan conseguido, como mínimo, cada uno de ellos la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, es decir 176 diputados.
Si en la primera votación no se cubrieran los diez puestos con los requisitos expresados en el número anterior, podrán realizarse sucesivas votaciones, para los puestos pendientes de cubrir, o en su caso, posponerlas para una sesión plenaria posterior.
Los posibles empates, con relevancia a efectos del resultado, se dirimirán en otra votación entre los que hubieren obtenido igual número de votos.
La nueva resolución que sustituye a la de 2004 argumenta en su exposición de motivos que en la situación actual, con el fin de posibilitar el pluralismo político representado en la Cámara para que todos los grupos tengan acceso a materias clasificadas, se aconseja el establecimiento de una mayoría cualificada, que en este caso será mayoría absoluta.
La votación es secreta y aunque PP, Vox y Cs no están de acuerdo con que estén representandos en la comisión ERC o Bildu, estos partidos no han desvelado si en la papeleta escribirán los nombres de diez parlamentarios o de siete, obviando a los independentistas.
De momento el pleno se prevé largo ya que el escrutinio de la votación será una a una y los portavoces de los grupos también intervendrán por orden de menor a mayor por tiempo de cinco minutos.
ACCESO A DOCUMENTOS CLASIFICADOS
La resolución que rige esta comisión de secretos oficiales señala que "cuando la información recabada se refiere al contenido de un documento clasificado la autoridad que haya de facilitarla exhibirá a los diputados previstos en cada caso el original o fotocopia de la documentación".
Los diputados podrán examinar por sí mismos la documentación en presencia de la autoridad que la facilite, y podrán tomar notas, pero no obtener copias ni reproducciones.
"El examen de la documentación se efectuará en el Congreso de los Diputados o, cuando a juicio de la Presidencia facilite el acceso a la información, en el lugar en que aquélla se halle archivada o depositada", incide el texto.