La Comisión Europea (CE) ha vuelto a avalar la actuación llevada a cabo por el Gobierno vasco en relación a la gestión del vertedero de Zaldibar y ha concluido que no ha detectado “ninguna violación” de la legislación de la Unión Europea por parte de las autoridades competentes. La información se basa, tanto en la auditoría externa realizada por la empresa Ricardo Environment, como en la información solicitada por la propia Comisión al Gobierno vasco.
A raíz de esta investigación –paralela al proceso judicial que prosigue bajo secreto de sumario– se ha constatado que existía un estudio de estabilidad de 2018 que evidenciaba la existencia de problemas en el vertedero y que “fue ocultado al Gobierno vasco”.
Así de contundente se mostró ayer la consejera Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia después de que Bruselas haya respaldado por segunda vez las actuaciones del Gobierno vasco tanto “previas como posteriores” en el fatal derrumbre del vertedero que sepultó a Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán en 2020. Tras explicar los pormenores del informe remitido por la Comisión, Tapia afirmó que el documento evidencia que el proceder de la Administración vasca fue “correcta” y que “tal vez el error ha podido estar en otra parte”.
INFORME CONTUNDENTE
La Comisión Europea ha vuelto a responder a la petición presentada en el Parlamento Europeo en nombre de la Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de la asociación Ekologistak Martxan Bizkaia, donde se solicitaba que se investigara una posible infracción de la legislación de la Unión que regula la gestión de residuos y vertederos en relación al accidente ocurrido el 6 de febrero de 2020 en Zaldibar. Las asociaciones reclamaban también que se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las autoridades cumpliesen plenamente la legislación medioambiental y de salud pública tanto de la UE como del estado en el vertedero.
Argumentos de Europa El informe elaborado por la CE no deja lugar a dudas y exonera al Gobierno vasco de cualquier actuación irregular. En este sentido, Tapia explicó que el documento “avala” tanto la actuación del Gobierno vasco en lo que a los permisos administrativos y el control previo al suceso se refiere, así como de las posteriores actuaciones para afrontar la emergencia y evitar daños ambientales.
Respuesta judicial
Condenas
Acuerdo con la Fiscalía. El procedimiento judicial por el fallecimiento de los dos trabajadores se cerró en septiembre de 2021 con un acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, los tres responsables de Verter Recycling, empresa propietaria del vertedero, que asumieron su responsabilidad en esas muertes aceptando una pena de seis meses de prisión e indemnizaron a las familias de los fallecidos, y eludieron así entrar en la cárcel. Los tres acusados son el dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga, la gerente, Arrate Bilbao, y el ingeniero jefe, Juan Elosegui.
Segunda causa bajo secreto
Delito medioambiental. Todavía hay un segundo proceso judicial abierto por el juzgado de Durango contra los responsables de Verter por presuntos delitos medioambientales y de salud pública.
El texto señala que, según la investigación iniciada en 2020 a raíz de la Directiva de Vertido de Residuos, las autoridades competentes “tomaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE, en particular en lo que se refiere a la concesión de la autorización a la empresa explotadora del vertedero; la realización de controles, seguimientos e inspecciones periódicas del cumplimiento de las condiciones en la fase de explotación del vertedero”.
NI UN EURO DE LOS 28 MILLONES DE DEUDA
En segundo término, la CE confirma que tras el fatal accidente “se han adoptado medidas correctoras urgentes para reducir las repercusiones negativas sobre la salud humana y el medio ambiente”. El tercer punto clave del pronunciamiento alude a las medidas adoptadas por Lakua a raíz del incidente, como la vigilancia continua de la calidad del aire en la zona del vertedero y en los alrededores urbanos de Ermua y Eibar. Y añade que se encargó a una empresa registrada especializada la supervisión en relación con el amianto y la toma de muestras y análisis ambientales en la zona del vertedero.
Por otro lado, Tapia reconoció que el Gobierno vasco no ha visto un solo euro de los 28,7 millones que la Administración vasca reclama a Verter Recycling por los costes asumidos tras el derrumbe. Tras concluir el período de pago voluntario de la deuda sin haber recibido pago alguno, el Ejecutivo ha iniciado el procedimiento concursal para recuperar dicha cantidad. l