La concesionaria de La Bretxa tiene tres meses para desalojar las instalaciones

La concesionaria de La Bretxa deberá desalojar las instalaciones del céntrico mercado en el plazo máximo de tres meses. Así lo ha determinado el Ayuntamiento de Donostia que, tras recibir el dictamen por parte de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), ha convocado una Junta de Gobierno Local extraordinaria para este jueves, 30 de mayo. Una sesión en la que declarará, oficialmente, la caducidad de la concesión e iniciará el procedimiento para la determinación de los daños y perjuicios causados por la concesionaria.

De esta forma el Ayuntamiento de Donostia continúa con los trámites para la resolución del contrato de concesión del Mercado de La Bretxa, cuya gestión retomará la institución municipal que acusa a la empresa concesionaria de "incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato". Acusaciones que se materializaron en un acuerdo entre gobierno municipal y EH Bildu para resolver el contrato de concesión de las zonas comerciales de La Bretxa, tras acumular varios incumplimientos y retrasos en las obras que se debían realizar en la zona. En este acuerdo, adoptado en el mes de febrero, se especifica que la gestión de los edificios de La Bretxa volverán a ser de gestión municipal.

Desalojo en tres meses

El Ayuntamiento de Donostia ha decidido otorgar un plazo máximo de tres meses a la empresa concesionaria para que desaloje las instalaciones del Mercado de La Bretxa; plazo que comenzará a contar desde la notificación del acuerdo. De no hacerlo así, perderá el derecho de indemnización y se procederá a su lanzamiento.

En el acuerdo se establece que, hasta el momento de la entrega efectiva de los edificios y bienes afectos a la concesión, la concesionaria quedará obligada a mantener y abonar todos los servicios y suministros necesarios para asegurar la continuidad de las actividades allí desarrolladas y la seguridad de los edificios y personas usuarias . Si la concesionaria no garantizara dichas medidas indispensables, el Ayuntamiento podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas con sus propios medios o a través de terceros contratados.

Estos procedimientos se ponen en marcha una vez realizado el trayecto legal pertinente, que tenía como preceptiva la intervención de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi al tratarse de un procedimiento de resolución contractual, con oposición por parte del contratista. Así pues, se remitió la solicitud de dictamen a dicho órgano, con fecha 20 de marzo de 2024, junto con el expediente y la propuesta de resolución-informe de la Instructora.

Con fecha 24 de mayo de 2024, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha hecho llegar al Ayuntamiento el Acuerdo en el que, previo análisis de las circunstancias concurrentes del caso, declara que la concesión es de naturaleza patrimonial, por lo que no debe ser dictaminada la caducidad por ese órgano, pero estima expresamente que "el Ayuntamiento puede finalizar el mismo adoptando la resolución que considere jurídicamente adecuada toda vez que se observa la correcta consecución de los trámites esenciales".