La confesión del CNI de su espionaje al independentismo recrudece la tensión

"Se hizo bajo autorización judicial". La confesión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de sus prácticas de espionaje al independentismo, lejos de amansar las revueltas aguas en que ha quedado sumido el Gobierno de Pedro Sánchez y la legislatura, no hace sino recrudecer la tensión entre el mundo soberanista y un Ejecutivo donde también se eleva la pulsión interna. La directora de los servicios secretos españoles, Paz Esteban, se refugió en que los seguimientos se realizaron bajo autorización y que solo se practicaron a 18 personas del espectro secesionista, entre ellas Pere Aragonès, y no a las 65 –otras fuentes citan a más de 150– presuntamente investigadas con el programa Pegasus. De hecho, dedicó sus cuatro horas de intervención en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso a justificar esta actividad acreditando los pertinentes documentos y a desvincular al CNI del grueso de casos denunciados. Tanto Unidas Podemos y los socios de investidura salieron del cónclave más preocupados de lo que entraron y con más dudas, según señalaron sus participantes, obligados a no poder revelar lo allí expuesto al tratarse de información sensible para la seguridad nacional. Con todo, a pesar de las fuertes medidas de seguridad, como el depósito de los móviles de los diputados en una caja cerrada, los diferentes grupos comparecieron para trasladar sus impresiones, entre ellas su emplazamiento a desclasificar los papeles mostrados por Esteban con la firma del juez del Tribunal Supremo, así como la constitución de una comisión de investigación parlamentaria, que no salió adelante por la alianza del PSOE con las fuerzas de la derecha (PP, Vox y C's), que sí respaldaron a la directora del CNI.

A través de un comunicado oficial de la Generalitat, Aragonès urgió a la desclasificación "inmediata" del aval judicial para "conocer las motivaciones" de esa actuación y "poder ejercer el derecho de defensa". El president entiende que se "confirma y aumenta la gravedad del caso de espionaje masivo, una vulneración flagrante del derecho a la intimidad, de participación política e institucional, tanto de las personas espiadas como de todas aquellas que se han relacionado con ellas". El Govern demanda "todas las explicaciones públicas sobre esta cuestión", así como "saber quién dio la autorización política y quién tenía constancia" de la operación. Y por ello exige "una respuesta al más alto nivel" siendo "inaplazable la asunción de responsabilidades". Fuentes de Moncloa ahondan en que ni ordenaron espiar a Aragonès ni conocían sobre quiénes se hicieron seguimientos.

A la salida de la comisión, el portavoz de Esquerra en la Cámara baja, Gabriel Rufián, detalló que la directora del CNI había admitido parte del Catalangate pero limitándose a afirmar "todo lo que ya se había filtrado". "Sostiene que el espionaje ha sido a mucha menos gente de la que ha señalado Citizen Lab y sobre el resto básicamente apunta a dos vías: una, una nación extranjera; la otra, organismos del Estado que espían por encima de sus posibilidades legales", declaró el dirigente republicano. "Cualquiera de las dos vías es terrible, democráticamente hablando. O Guatemala o Guatepeor, ese es el planteamiento que ha hecho la directora del CNI", prosiguió Rufián. "Es insostenible la situación de la ministra Margarita Robles e incluso apuntaría a Interior. En cualquier país normal esto sería un escándalo. Porque en un país normal, en una democracia plena, no se espía a alguien solo porque no te gusta", argumentó. Solo una hora después, y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el líder de Esquerra matizó que esas dos hipótesis son una "interpretación" que hace él, en tanto que los diputados de esta comisión no pueden revelar nada de lo hablado en su interior a riesgo de cometer un delito.

En idéntica sintonía se expresó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, aireando su indignación y conminando a que se explique en público lo que se les contó en la misma. "Se confirman muchas de las afirmaciones que se han ido haciendo, que ha existido un espionaje masivo a un movimiento pacífico como el independentista. No somos una amenaza terrorista", aseveró con evidente malestar, considerando "imprescindible poner luz y taquígrafos porque estamos ante un escándalo político". Asimismo, el portavoz de la CUP, Albert Botran, apeló a la desclasificación de la información, reclamó la puesta en marcha de una comisión de investigación específica, así como la dimisión de la ministra de Defensa. En el entorno independentista se subraya que tanto Defensa como el CNI podrían ser la "punta de un iceberg" de un escándalo mucho más "gordo". Por su parte, los portavoces del PNV y EH Bildu, Aitor Esteban y Mertxe Aizpurua, respectivamente, coincidieron en que tras la reunión quedan "cosas por aclarar", persistiendo "muchas incógnitas" y sin que la comparecencia les sorprendiera más allá de lo apriorístico.

podemos pide dimisiones

Quien tampoco cesa en su ofensiva es el socio de coalición de Sánchez. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, llegó a la conclusión de que "lo que se nos ha contado refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas", por lo que la formación morada solicitó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el Gobierno valore desclasificar la información en tanto que "los periodistas y la ciudadanía deben poder conocerla y no estar al albur de filtraciones sin poder contestar a las preguntas por estar sujetos a este debate secreto". A su parecer, el "tema es muy grave y el escándalo es el mayor de la democracia española reciente". "Es un asunto político, no técnico, y las responsabilidades políticas no se pueden delegar", zanjó Echenique. Una posición diametralmente opuesta a la del partido al que sujetan en el Ejecutivo. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, dijo estar "satisfecho" por la celebración de la comisión porque ha permitido "avanzar y dejar claro que el Gobierno de España se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad". El socialista añadió que la comparecencia de Esteban permitió evidenciar que "el CNI vela por seguridad de todos los españoles y defiende los intereses de nuestro país". "No estamos en fase de ceses", aclaró ante las reiteradas peticiones de dimisiones.

Desde el PP, Cuca Gamarra se congratuló de que "no hay ya ninguna duda sobre las actuaciones" de los servicios secretos y dio por "suficientes" las explicaciones de su directora; pero el líder de Génova 13, Alberto Núñez Feijóo, espera ahora que Sánchez explique en su próxima comparecencia en la Cámara quién pidió espiar a esos políticos y con qué objetivo. La tensión crece a pasos agigantados.