La culpa es de todos menos del PP. A Borja Sémper se le está atragantando su arranque como portavoz de campaña. Si el mismo día en que fue nombrado tuvo que lidiar con el desbarre de Cuca Gamarra a cuenta de lo sucedido en Brasil, la semana que lleva al frente de su cargo se le habrá hecho demasiado larga después de que a los conservadores les haya sacudido de lleno la controversia suscitada en Castilla y León a cuenta de las medidas antiabortistas anunciadas por Vox y que la ultraderecha, socio de gobierno en la Junta, insiste en mantener en pie sin que el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, termine de aclarar la polémica. Aunque sostenga que en ningún caso se instará a los médicos a ofrecer a las mujeres que decidan abortar pruebas que no pidan, el máximo dirigente popular en este feudo ha preferido señalar al Ejecutivo español acusándole de utilizarlas con fines políticos. Algo parecido a lo que ha hecho Sémper, culpando al partido de Santiago Abascal y a Moncloa de haber fabricado “una guerra interesada” en la que se retroalimentan. Todo, mientras el líder de Génova, Alberto Núñez Feijóo, prefiere dar la callada por respuesta mientras su estrategia de la moderación, tras repescar al político guipuzcoano, chirría por todos los costados.
De momento, el Boletín Oficial de la Junta no ha publicado la polémica instrucción que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirma que está dispuesta a llevar hasta el Constitucional. “No se obligará a las embarazadas ni a los médicos a nada”, ha subrayado Mañueco, descartando fijar cualquier paso que “pueda suponer coacciones directas” a aquellas mujeres que hayan decidido abortar. Es decir, ni tendrán que oír el latido fetal ni someterse a una ecografía anticipada en 4D –a no ser que lo soliciten expresamente–, como por contra ratifica su vicepresidente y aliado de Vox, Juan García-Gallardo. “Ni hemos contemplado ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni vamos a aceptar que el Gobierno utilice a las mujeres para hacer política”, ha recalcado el presidente de la Junta en una comparecencia institucional, en su intento de desautorizar los planes de la ultraderecha. “Tengo claro que alterar este orden puede derivar en coacciones directas o indirectas a las mujeres embarazadas y, por tanto, la Junta nos las va a promover ni a amparar”, ha verbalizado Mañueco.
Pero Vox no parece darse por aludido. Sin querer entrar en rifirrafes dialécticos con el PP, ha avisado de que no dará “un paso atrás” en lo que llaman “medidas provida” porque fueron “consensuadas” con el Gobierno regional. El secretario general de la fuerza de extrema derecha, Ignacio Garriga, ha explicado que se trata de políticas incluidas en el ADN de su formación y parte de sus compromisos electorales. “No vamos a arriar ninguna de las banderas que nos han traído aquí”, ha considerado, negando discrepancias en el gabinete de Mañueco y recordando que García-Gallardo anunció las medidas sentado junto al portavoz del Ejecutivo, del PP. “Es una decisión consensuada, que estaba previsto tomar y entra dentro de la normalidad de los pactos”, ha espetado. Lejos de retractarse, Vox ve sorprendente el “revuelo” que está generando algo “de sentido común” y que “lo único que pretenden” es ampliar la información que reciben las embarazadas, luchando lo que estridentemente califica este partido como “cultura de la muerte que está promoviendo la izquierda”. A su vez, en un enrevesado juego dialéctico, Gallardo ha matizado que lo que será obligatorio no será aplicar las medidas pero sí “la posibilidad de ofrecer información” sobre el latido fetal y la ecografía 4D.
Sémper y los bandos
La conexión entre las dos formaciones, PP y Vox, que se necesitan en su cruzada para desalojar a Sánchez y alcanzar La Moncloa, ha puesto pronto a prueba a Sémper, a quien no le ha quedado otra que atizar a la ultraderecha por avivar un tema que supone “un chollo” para Moncloa. “Los Gobiernos tienen que intentar serenar y ser responsables y sensatos y lo que hemos tenido oportunidad de ver no es eso”, ha relatado. El principal partido de la oposición se excusa diciendo que se halla en medio de la “irresponsabilidad de unos y de otros que quieren jugar a incendiar el debate público español”, una “guerra” entre Vox y el Gobierno de Sánchez y Podemos que, según Sémper, en este caso “usa a las mujeres” en una “guerra de bandos”. “Con este tipo de iniciativas absolutamente insensibles lo que consigue Vox es ruido mediático y lo que consiguen Sánchez y Podemos es desviar la atención de los temas que sí se han aprobado y están afectando a las mujeres”, ha despachado el portavoz para justificar que la trascendencia de esta historia no ha sido producto de una decisión del PP. “Tener como referente a (Viktor) Orban –de quien ha tomado ejemplo con sus medidas– le define a él y a sus referentes”, ha afeado a Gallardo.
Para colmo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de sacar su cuota de protagonismo señalando que lo resuelto por Vox era “innecesario” pero que el Gobierno “sobreactúa”, tildando de paso a Sánchez de “apoderado de sediciosos”. A unos cuantos kilómetros, y viendo cómo Vox puede hacer descarrilar los intereses del PP, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha prescindido de la consejera de Educación, Mabel Campuzano, exparlamentaria ultra. Demasiado ruido mientras Feijóo permanece mudo.