La defensa de 33 emigrantes acusados por su supuesta implicación en el último intento masivo de cruzar a la ciudad española de Melilla, que se saldó con al menos 23 muertos, alegó su estatuto de refugiados para pedir que sean juzgados en libertad provisional, pero la Corte rechazó esta solicitud.
Durante la segunda sesión del juicio contra ellos celebrada ante el juzgado de Primera Instancia de Nador, que duró unos 20 minutos al aplazarse para dar más tiempo a los abogados para preparar la defensa, comparecieron por videoconferencia los acusados para confirmar sus nombres.
Son los que se enfrentan a penas menos graves de los 61 subsaharianos finalmente encausados por el ministerio fiscal marroquí, imputados de delitos de "organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos", así como injurias y uso de violencia contra las fuerzas públicas, aglomeración armada y daños a bienes públicos.
"Solicitamos de la Fiscalía juzgar en libertad provisional a estas personas, la garantía es su estatuto de refugiados", alegó ante el juez Mbarek Buyereg, uno de sus abogados. "Las acusaciones contra ellos están basadas en sus declaraciones ante la Policía Judicial, pero intervendremos como defensa en la próxima sesión porque varias de estas acusaciones son infundadas", precisó.
Por otra parte, el juez anunció que la defensa había solicitado más tiempo para estudiar los expedientes de los acusados y preparar sus alegatos, por lo que la corte decidió posponer el proceso al día 12 de este mes, un día antes del arranque del juicio contra el otro grupo de emigrantes acusados de delitos más graves.
Al principio de la sesión de hoy, el juez leyó los nombres de los procesados, encarcelados en la prisión de Nador, que confirmaron su presencia enseñando su cara en una pantalla colgada en la sala donde se desarrolla el juicio.
El magistrado pidió a los procesados, la mayoría de ellos sudaneses, que eligieran si prefieren continuar el juicio en modo presencial o mediante videoconferencia y 30 de ellos optaron por estar presentes en la corte en las próximas sesiones.
La defensa estaba compuesta por letrados voluntarios de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y la ONG GADEM, especializada en ayuda a los migrantes.
Además de observadores de estas dos asociaciones marroquíes, también asistieron a la sesión representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal).
El CNDH tiene además en la provincia de Nador una delegación exploratoria para estudiar si las autoridades marroquíes respetaron los derechos humanos durante su intervención el pasado 24 de junio para impedir que cientos de emigrantes subsaharianos entraran a Melilla, que causó la muerte a al menos 23 de ellos -más según las organizaciones humanitarias-.
Durante esa operación policial, en la que participaron diferentes cuerpos de seguridad, las autoridades marroquíes arrestaron a más 1.500 emigrantes. De ellos, 61 están procesados por diferentes delitos, mientras que el resto fueron alejados y puestos en libertad en ciudades del centro y del sur de Marruecos.
Además de los 33 que comparecieron hoy ante el Tribunal de Instancia, hay otros 28 detenidos restantes que serán juzgados a partir del 13 de julio en el Tribunal de Apelación de Nador, donde se enfrentan a cargos más graves que los imputados al grupo de hoy.
En concreto, a los otros acusados la Fiscalía marroquí les achaca también el delito de organizar la entrada y salida clandestina de personas, pero en su caso "de forma habitual", lo que eleva el delito a la categoría de tráfico de seres humanos.
También se les imputa secuestro y retención de agentes de las fuerzas públicas para usarlos como rehén, provocar un incendio en el bosque donde vivían los emigrantes e injurias y violencia contra los agentes marroquíes.
La tragedia ocurrió cuando entre 1.500 y 2.000 personas subsaharianas se dirigieron en bloque con palos y piedras hacia la valla de Melilla para franquearla, donde la policía marroquí les recibió con gases, porras y piedras, en el intento de cruce más mortal registrado en la frontera de la ciudad española.
Las autoridades marroquíes afirman que las muertes se produjeron por aplastamiento en una avalancha ocurrida dentro del paso fronterizo al que accedieron los emigrantes y por la caída de varios desde un muro, pero las organizaciones de derechos humanos las achacan también a la actuación policial y han pedido que se realice una autopsia a los fallecidos para esclarecer los motivos.