La crisis energética y de materias primas atenaza a la empresa alavesa

SEA pide aplazar la negociación de los convenios

Si en 2021 la economía mundial, y por ende la alavesa, se vio en medio de una tormenta perfecta en la que convergieron una sobredemanda tras la pandemia con un cuello de botella en el transporte global, el encarecimiento y escasez de materias primas y suministros y la espiral alcista de la energía, 2022 ha agravado ese escenario con el impacto de los efectos de la guerra en Ucrania, fundamentalmente por el desbocado incremento de los costes energéticos. Si quedaba alguna duda de que el conflicto impacta en la economía alavesa, un dato de la Evaluación de las Consecuencias Empresariales de la Guerra Ucrania-Rusia –elaborado por SEA Empresas Alavesas entre el 11 y el 18 de marzo entre más de 200 compañías del territorio– la despeja: sólo el 8% de las empresas participantes en el sondeo tiene relación directa comercial con Rusia o Ucrania, pero al 94% le están afectando algo o mucho las consecuencias del conflicto.

Esto se traduce en otra cifra no menos preocupante: el 29% de las empresas alavesas encuestadas afirma que ve posible tener que parar su actividad por el incremento de los costes de la energía y de las materias primas, porcentaje que se eleva al 38% en el caso de la industria. Un escenario que ayer analizó en sesión extraordinaria tanto el Comité Ejecutivo como la Junta Rectora de SEA y ante el que la patronal hace un llamamiento a trabajadores y sindicatos a aplazar "hasta que la situación se estabilice los procesos de negociación colectiva abiertos en las empresas y sectores", con el objetivo de que "la situación generada tenga el menor efecto posible en el empleo y su viabilidad futura".

y la huelga del transporte En esa declaración escrita hecha pública tras la reunión de ayer, SEA se dirige a las instituciones para demandar una batería de medidas específicas para hacer frente a esta compleja situación en la que, recuerda además, "el incremento en el coste de los combustibles ha generado una huelga en el sector del transporte que impide el normal desarrollo de la actividad de recepción y expedición de mercancías".

Entre estas medidas, por ejemplo, se reclama un plan específico de ayudas a las empresas con relaciones comerciales directas con Ucrania y/o Rusia. Se espera que el Gobierno Vasco avance hoy en su Consejo de Gobierno nuevas ayudas a las empresas vascas que se están viendo afectadas de manera especial por la invasión.

La subida de precios de materias primas afecta está afectando al 92% de las empresas y el 65% declara problemas de falta de suministros, por lo que SEA también pide apoyo institucional en la búsqueda de proveedores alternativos. Asimismo, demanda activar el Sistema Red para el establecimiento de ERTE por fuerza mayor para las empresas que se vean obligadas a parar su actividad.

En el ámbito energético, SEA reclama una "reducción inmediata de la fiscalidad aplicada a los carburantes, energía eléctrica y gas" –el Consejo de Ministros no prevé abordar medidas respecto a los precios energéticos hasta su reunión del 29 de marzo– y la modificación del sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico "a fin de evitar que el precio del gas condicione el precio final de la electricidad".

El estudio divulgado ayer por la patronal alavesa constata que al 48% de la empresas encuestadas ha visto duplicar el precio de su factura eléctrica. En el caso de la industria del territorio, el 39% ha triplicado sus costes eléctricos.

En estas circunstancias, un tercio (31%) de las compañías preguntadas advierte de que tendrá problemas para devolver los préstamos ICO y una de cada cuatro declara dificultades para afrontar los préstamos de Elkargi. Estos porcentajes crecen en el ámbito de la industria: el 38% dice que tendrá problemas con los ICO y el 30%, con los de Elkargi. De este modo, SEA también insta a establecer nuevas líneas de financiación y a aumentar los plazos y carencias de los préstamos covid de ICO y Elkargi. Asimismo, pide flexibilidad en el pago de impuestos, tanto aplazamientos como fraccionamientos.

Por último, subraya la necesidad de revisar el sistema de precios de obras y contratos públicos determinados por las Administraciones.