La CUP ha lanzado su primer gran órdago al Ejecutivo de Pere Aragonès. La decisión de las bases anticapitalistas de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario deja al descubierto las dificultades de tejer una solida mayoría independentista en la acción de gobierno aunque hay plazo hasta el próximo lunes 22 para reconducir la situación. De hecho, la propia militancia antisistema ha otorgado el aval a su partido para que siga negociando, y hasta el propio president y el conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, han tenido que arremangarse y dar el primer paso en busca de una solución reuniéndose de urgencia con los cuperos para requerirles que "rectifiquen" su posición. Desde la CUP confían en que se "generen las condiciones que permitan seguir avanzando" para lograr "un giro a la izquierda y la autodeterminación".
Un 63,42% de los militantes que ha votado en la consulta interna se decantó por vetar ahora la tramitación de las Cuentas catalanas aunque un 68,79% ha abierto la puerta a continuar con las negociaciones tras un fin de semana de debate en la asambleas territoriales –un 28% ha apostado por enterrar definitivamente el escenario–. "Se trata de una triple enmienda", ha descrito la diputada cupaire Eulàlia Reguant. De entrada, "a la relación con el Estado y el PSOE" con el desarrollo del programa de Foment y Aena y el estancamiento para "detener la represión"; después, a las políticas sociales, que consideran que responden a "un modelo sociovergente"; y en tercer lugar, "a unos Presupuestos continuistas", ya que son "claramente insuficientes" en sanidad y vivienda. "Negociar a la baja el acuerdo de investidura no es una buena solución", ha advertido mientras, paralelamente, desde JxCat sitúan en Aragonès la responsabilidad de que las Cuentas prosperen.
Exigencias anticapitalistas
La CUP siente que no se avanza lo debido en la agenda independentista, al margen de haber arrancado al Govern que el proyecto BCN World en Vila-seca (Tarragona), a manos de la compañía americana Hard Rock Café, no suponga un gasto público alguno. Asimismo, ha instado a rebajar las ratios de alumnos en educación infantil y primaria, y a no formalizar la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno en 2030 hasta después de una consulta territorializada que se prevé que se realice el próximo año. Exigencias que tampoco agradan a Junts, desde donde no están dispuestos a que "se hipoteque el modelo de país por un grupo de nueve diputados". "Negociar, sí, pero no cambiarlo todo a cambio de nada", sentencian los posconvergentes. El Ejecutivo de coalición ERC-JxCat incluso ha hecho guiños en los referente a los Mossos d'Esquadra y anunció dos medidas: que se retirará de todas las causas contra manifestantes en las que no se demuestre la autoría de las agresiones que denuncia la policía; y limitar en lo posible la participación de las unidades Arro y Brimo de la Policía catalana en desahucios.
Es más, el Govern de Aragonès se avino a la internalización del servicio telefónico del 061 y a impulsar los impuestos pendientes de aplicar de la ley de Canvi Climàtic. Pese a que los antisistema entienden insuficientes los 750 millones de euros que el Ejecutivo prevé para políticas de vivienda –la CUP reclama llegar a los 1.000 millones– o el 17% del presupuesto total de Salut destinado a la atención primaria –no en vano, habían acordado con Esquerra que fuera del 25%–; la gran traba se refiere al "modelo de país", con macroproyectos que se alejan de sus posicionamientos, entre ellos también la reflotación económica del Circuit de Catalunya. En el ámbito de política pura y dura, los cuperos censuran el escaso entusiasmo en una alternativa que contemple un referéndum si fracasa la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. La CUP ha retomado el tradicional y viejo término de "sociovergencia" porque quiere poner fin a los pactos puntuales entre el PSC y Junts, que han empezado a producirse en cuestiones como la polémica ampliación del aeropuerto de El Prat o los Juegos de Invierno, en las que la formación liderada por Salvador Illa y la de Carles Puigdemont coinciden.
Según la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja, el Govern respeta la consulta interna de la CUP pero lamenta la decisión contra unos Presupuestos "expansivos, transformadores, que llevan el sello" de los anticapitalistas, fruto de las "muchas reuniones" mantenidas con ellos para discutir el detalle de las Cuentas. El veto pondría "en peligro la mayoría del 52%" de votos independentistas en las últimas elecciones al Parlament y que fue la mayoría que votó la investidura de Aragonès: "Sería un error romper este entendimiento", proclaman desde la Generalitat. Habrá que ver si el Govern está dispuesto a más concesiones. Aragonès confía en ablandar la posición de los cuperos pero evita avanzar si habrá negociaciones con el PSC o los comunes si los anticapitalistas no rectifican. "Catalunya tendrá presupuestos y aún hay tiempo de que sea con la CUP", se ha limitado a asegurar Plaja, moviéndose en la ambigüedad en su discurso y sin descartar otras opciones.
El PSC se deja querer
El PSC de Illa mira de reojo y se deja querer dando por finiquitada la mayoría independentista. Sostienen que no han tomado aún una decisión sobre si presentarán enmienda a la totalidad o no –ya las han confirmado C's, PPC y Vox–, y añaden que no les condicionará lo que hayan anunciado o dicho otros grupos. Es decir, esperan a la evolución de los acontecimientos, pero mientras se vanaglorian de que el soberanismo no cuadre la ecuación. Lo único que aclaró el grupo parlamentario Socialistes-Units per Avançar es que su voto y el de los anticapitalistas "es incompatible". Su portavoz, Alícia Romero, ha emplazado al Gabinete de Aragonès a abandonar el "mercadeo" con la CUP y abrir una negociación con ellos.
Respecto a esta posible coyuntura de que el Ejecutivo mire a los socialistas, la CUP pasa de puntillas y señala que, si el Govern quiere "un giro a la izquierda y avanzar en la autodeterminación", ya decidirá "con quién negocia". "No sé si con Illa avanzaremos mucho", ha zanjado Reguant. Las enmiendas a la totalidad se votarán todas juntas. Si hay más votos en contra que a favor de frenar en seco las Cuentas, el proyecto presupuestario seguirá su curso hasta la votación definitiva. De lo contrario, se frenará la tramitación y el Govern deberá rediseñarlos. Un regreso al punto de partida haría casi imposible estrenar el año con unos nuevos Presupuestos en Catalunya. Solo resta aguardar a si la CUP rompe la baraja.