Los abogados de la actriz Ana Duato y de su esposo, Miguel Ángel Bernardeau, productor de la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó', en la que ella trabajó, han alegado en el juicio que no son responsables del fraude fiscal que se les imputa y han pedido su anulación para evitar la "pena de banquillo".
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles con cuestiones previas el juicio a 28 acusados de supuestos delitos fiscales cometidos a través del despacho de abogados Nummaria, entre los que también se encuentra el actor Imanol Arias, otro de los protagonistas de la citada serie, que al comienzo del juicio este martes llegó a un pacto con el fiscal.
En virtud de dicho acuerdo de conformidad, Imanol Arias, para quien el fiscal pedía 27 años de cárcel por un fraude de 2,7 millones entre 2009 y 2015, reconoce los delitos y acepta una pena inferior a dos años de cárcel, que no implica su entrada en prisión, después de haber abonado la cantidad defraudada.
Por su parte, Ana Duato, que también ha devuelto parte de la cantidad supuestamente defraudada, se sigue enfrentando a una petición del fiscal de 32 años de prisión por un presunto fraude de 1,9 millones de euros entre 2009 y 2017, mientras que para su marido la Fiscalía solicita 18 años de prisión.
El abogado de Ana Duato, Enrique Molina, ha alegado vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías que ha generado indefensión a su representada.
Ejercicios entre 2014 y 2017
Ha explicado que los supuestos fraudes de los ejercicios comprendidos entre los años 2014 y 2017 suponen una acusación sorpresiva prohibida en la ley, ya que en ningún momento fue interrogada por ellos en la fase de instrucción.
En cuanto a los anteriores ejercicios ha recordado que el Tribunal Económico Regional ya resolvió que las autoliquidaciones efectuadas por Ana Duato fueron correctas y ordenó que se le devolviera más de un millón de euros, que siguen retenidos por la Agencia Tributaria.
Por su parte, el abogado de Miguel Ángel Bernardeau, Javier Gómez-Ferrer, ha alegado que de los cuatro delitos fiscales que se le atribuyen a su cliente tres no superaron la cuota de 120.000 euros -para considerarla delictiva- en los ejercicios de 2011, 2014 y 2015 mientras que el correspondiente a 2012, al igual que el de 2011, ya ha prescrito por el tiempo transcurrido.
Por ello ha pedido que la Fiscalía y la Abogacía del Estado retiren ya su acusación para que su patrocinado no tenga que seguir sufriendo la "pena de banquillo con las consecuencias que tiene para él cada día que pasa en el mismo".
El fiscal se ha opuesto a las cuestiones previas planteadas por las defensas, que han pedido la nulidad del procedimiento por irregularidades en la instrucción que a su juicio les ha generado indefensión.
Peña creó el seno de Nummaria
Tan solo ha dejado a criterio de la Sala decidir si ha podido prescribir uno de los delitos contra Hacienda de 2010 atribuido al principal acusado, el dueño del despacho Nummaria, Fernando Peña, para quien la Fiscalía reclama la mayor pena, 298 años de cárcel.
Según el fiscal, Fernando Peña creó en el seno de Nummaria una serie de estructuras societarias opacas en diferentes países que ofrecía a clientes de su despacho "para evitar la tributación que hubiera correspondido en España por la obtención de rentas provenientes de todo tipo de negocios".
A juicio del fiscal no se ha causado indefensión en este procedimiento.
Respecto a lo manifestado por las defensas de que se han podido manipular miles de documentos incautados en el despacho de Nummaria cuando quedaron depositados en la sede de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en vez de en el Juzgado ha dicho que no es posible ya que dio fe el letrado de la Administración de Justicia de su precinto y del desprecinto de las cajas.