La defensa de Puigdemont denuncia ante el TJUE una "persecución infame" por motivos políticos

Gonzalo Boye, abogado del expresident de la Genetalitat Carles Puigdemont y de varios exconsejeros, ha defendido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena usa las euroórdenes de forma política y pretende encarcelar a los líderes independentistas "sin juicio, durante meses y años" impidiéndoles realizar su actividad parlamentaria.

En la vista ante la Gran Sala del TJUE para examinar la cuestión prejudicial remitida por Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresidente de Catalunya y varios de sus exconsellers, Boye ha afirmado que sufren una "persecución infame" por motivos políticos.

"Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí", ha dicho a los jueces europeos.

Así, el letrado ha expuesto que sus defendidos se han enfrentado a tres peticiones de entrega por los mismos hechos. "Llarena ha ido emitiendo y retirando las euroórdenes por motivos estratégicos y políticos. Esto suscita dudas sobre el derecho de libertad y libre circulación", ha defendido.

Según Boye, se trata de una actuación desproporcionada que el exconsejero Lluis Puig se pueda enfrentar a una cuarta petición de entrega.

Al respecto de las opiniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), referidas a los ya condenados Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, que hablan de una posible vulneración de la presunción de inocencia, el abogado ha defendido que esta vulneración se tiene en cuenta siempre que haya "motivos serios y acreditados" y que lo que debe tenerse en cuenta no es la existencia de deficiencias sistemáticas y generalizadas sino el riesgo serio de que pueda haberlas.

ACUSAN A LLARENA DE "DESNATURALIZAR" LA CUESTIÓN PREJUDICIAL

Para la defensa de Clara Ponsatí, el magistrado del Supremo trata de usar al TJUE como una Cámara de Casación en el caso de Puig, cuya entrega a España fue rechazada en firme y es "definitiva e inapelable".

Así, la abogada Isabel Elbal ha señalado que la pregunta al TJUE sobre una decisión judicial en firme "desnaturaliza" el proceso de la cuestión prejudicial. "Cualquier motivo de denegación podría ser invocado por la orden de emisión y ser esto una Cámara de apelaciones intraeuropea", ha argumentado.

Sobre la opción de enviar otra orden de entrega, Elbal ha recalcado que introduciría un "marco de arbitrariedad" que "no puede permitirse la UE porque generaría efecto de desaliento".

En su intervención el abogado de la dirigente de ERC Marta Rovira, Andreu van den Eynde, ha recordado la sentencia del TJUE sobre la condición de eurodiputado de Junqueras para asegurar que el Supremo "desoyó" dicha sentencia, no le dio efecto, y se aparta de resoluciones europeas.