La negociación para la reforma de la 'ley del solo sí es sí' sigue atascada, como admiten en Unidas Podemos, lo que acrecienta la agitación y el desgaste en las perspectivas electorales del Gobierno de Pedro Sánchez. La formación morada entiende que las propuestas planteadas por Justicia suponen una vuelta al modelo previo y no blindan el consentimiento, y aunque dan por hecho que se producirán los cambios “porque el PSOE lo necesita”, insisten en señalar a los jueces: “Que apliquen las leyes y no las retuerzan”. El contador de los delincuentes beneficiados asciende a 400 y el presidente del Ejecutivo no ha podido seguir mirando para otro lado, con la dirección socialista emplazando a la ministra Irene Montero a que dé su brazo a torcer definitivamente. Tras mostrar su disposición a modificar la ley y elevar algunas de las penas, la responsable de Igualdad advierte de que resistirá ante “las fuertes presiones para volver al modelo anterior y que no dará “ni un paso atrás” que suponga “tocar el consentimiento como centro de la normativa”. Solo abre la puerta a aceptar “las condiciones que el socio mayoritario necesita para salir unidas a hacer frente como Gobierno a esta ofensiva”, zanjó este domingo en un acto que organizó el partido para arroparla.
Montero denunció que se está produciendo una “ofensiva” de la derecha contra la ley, aunque “lo más grave” es llegar a ofrecer sus votos a quien “quiera escucharles” para volver al sistema previo, que “no funcionaba” y no aportaba justicia a las víctimas. En una férrea defensa de la norma porque no es un logro ni de su Ministerio ni de ningún partido, ni siquiera del Ejecutivo, sino que es “patrimonio” del movimiento feminista que salió a la calle para clamar contra la “justicia patriarcal” que supuso la primera sentencia del caso La Manada; la ministra reivindicó que la normativa es correcta, se hizo junto al exministro de Justicia Juan Carlos Campo en lo relativo al ámbito de las penas y que la mayoría de jueces aplica correctamente la norma, frente a una minoría que sí aplica rebajas pese a que aún no hay datos oficiales. La secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, sí que fue más allá, lanzando un mensaje a aquellos magistrados que dictan revisiones de penas a la baja al enfatizar que en el Estado español el Congreso “hace las leyes” y los jueces no deben buscar retorcerlas.
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Decisiones “injustas”
En este contexto, Montero disertó que se está hablando de reformar esas decisiones “injustas” en el ámbito judicial, y aunque una reforma no solventará esas rebajas de condenas, como dicen los expertos, sí es consciente de la “preocupación social” que genera este asunto, ante lo cual Igualdad lanzó un plan integral de respuesta para desplegar más juzgados especializados, más psicólogos y más policías formados en violencia sexual. Es más, enfatizó que la ley es una conquista de las feministas, que han puesto el cuerpo para cambiar “por completo” un sistema judicial que, hasta la llegada de esta norma, “no funcionaba ni dentro ni fuerza de los juzgados”. Por su parte, Belarra advirtió de que los “ataques” contra las medidas que impulsa Unidas Podemos, como la 'Ley Trans' o la subida del salario mínimo interprofesional, se van a “recrudecer” y tienen su origen en una “derecha” que tiene un ADN “antidemocrático” y no soporta que haya una mayoría “progresista, plurinacional y feminista” en las Cortes, que pronto mejorará los derechos de las mujeres con la reforma de la ley del aborto. De esta forma, proclamó que “defender” la 'ley del solo sí es sí' es proteger también la soberanía popular y lo que los ciudadanos votaron en las urnas, tildando de “enormemente doloroso” ver cómo se golpea a las compañeras del Ministerio de Igualdad.
Además, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, relató que el 13,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual, lo que equivale a 2,8 millones de mujeres mientras se denuncian 17.000 casos y solo se condenan unos 3.700, por lo que tres de cada cuatro partes de las denuncias se quedaban por el camino. Por ello, cargó contra el marco anterior y la “cultura del no es no”, así como la campaña “militante” contra los derechos de las mujeres que se realiza desde la derecha judicial. “El punitivismo es una trampa. Cuando una política solo puede proponer más penas, es una política que da pena”, cerró.
En Moncloa aguardan a que el temporal escampe pero con el chubasquero mojado. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, trató este domingo de pasar de puntillas sobre el asunto para centrarse en las descalificaciones recibidas por parte del tridente del PP conformado este fin de semana por Alberto Núñez Feijóo, Mariano Rajoy y José María Aznar. “Basta ya de insultos! No nos llegan a la suela de los zapatos en dignidad, concordia y derechos. Se despachó a gusto quien quiso engañar a todo un país diciendo que el atentado del 11-M fue de ETA cuando sabía que era yihadista solo para mantenerse en el poder”, reprochó al último de ellos.
El TSJPV niega el nexo entre rebaja de penas e ideología de los jueces
El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, negó este domingo que exista una vinculación entre la rebaja de penas por la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí, en la que ve “elementos positivos”, y la ideología de los jueces y afirmó que es una cuestión “estrictamente técnica”. En una entrevista a la Cadena Ser, precisó que el marco normativo lo marca el artículo 2 del Código Penal, que es el que habla de la retroactividad de la ley penal “más favorable” y señaló que, dentro de ese marco, hay situaciones que son objetivas en el sentido de que “van a generar algunas revisión sí o sí”. Subijana añadió que, en este caso, el ejemplo más paradigmático es el relativo al delito de agresión sexual y el delito de violación. Según explicó el delito de agresión sexual tenía anteriormente como pena máxima cinco años y ahora tiene cuatro, lo que significa que va a haber casos en los cuales se ha condenado a más de cuatro años y menos de cinco que “se van a revisar sí o sí”.
Por su parte, el delito de violación tenía antes un marco penal que iba de 6 a 12 años y ahora es de 4 a 12 años, lo que significa que en aquellos casos en los que se ha condenado a penas que van más allá de seis años, cuando la pena mínima son 4 años, también son susceptibles de revisión. Subijana apuntó que luego hay “otro abanico de situaciones” que van a exigir “una ponderación, caso por caso, para ver si, a partir de los hechos probados de la sentencia y de la valoración jurídica que se hizo en la sentencia la pena que se le puede imponer conforme a la nueva ley es o no es más favorable que la que se impuso en su momento”
Cuestionado por si ve vinculación entre estas decisiones y la ideología de los jueces, el presidente del TSJPV lo negó y dijo que se trata de una “cuestión estrictamente técnica”. A su juicio, se ha hablado de que a los jueces le faltan “perspectiva de género” y habría que “definir bien qué es la perspectiva de género” que significa que “en la interpretación de las normas jurídicas hay que tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres”. Ello, corroboró, justifica elementos de “protección reforzada en muchos casos”. Se trata de aplicar un principio vigente desde hace muchos y “no tiene que ver con la interpretación de la norma en clave de protección reforzada de las mujeres”.