PP, Vox y Ciudadanos han rechazado en el Congreso, por temor a "una caza de brujas", una iniciativa destinada a luchar contra la proliferación de los delitos de odio y para concienciar sobre los riesgos de la desinformación. La moción ha sido aprobada con los votos del PSOE, Unidas Podemos y los partidos que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez, ERC, PNV o Bildu, después de que socialistas y morados pactaran una iniciativa derivada de la propuesta inicial promovida por Esquerra, que pretendía analizar el "activismo ideológico de la ultraderecha".
Con la moción aprobada, el Congreso insta al Gobierno de Sánchez a poner en marcha medidas y planes efectivos para promover la igualdad de trato y la no discriminación en la Administración y en los poderes del Estado. También le pide que realice una evaluación y "un plan de mejora de toda la acción del Ejecutivo español relativa a la lucha contra los delitos de odio, en colaboración con el resto de administraciones públicas, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil".
El último punto de la moción incluye un llamamiento a Moncloa para implementar campañas institucionales para la prevención de delitos de odio en España y para concienciar a la población sobre los riesgos de la desinformación en las redes sociales e internet.
Bloques contrapuestos
Durante el debate, el bloque de la derecha se ha desmarcado del resto del Congreso y ha rechazado el texto apuntando que se trata de una moción "consecuencia del odio" y cuyo objetivo es que el Gobierno impulse "una caza de brujas", según apuntaron los 'populares'. Ciudadanos ha matizado que es la propia ERC la que cumple con las características propias de la ultraderecha: "pasado mítico inventado, adoctrinamiento, victimización o racismo", mientras Vox ha cuestionado el hecho de que se les catalogue como "la ultraderecha".
Por contra, Unidas Podemos ha ido más allá y ha pedido cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), para que "ninguna persona sea ilegal", ha asegurado la diputada de la formación morada Sofía Castañón, que también ha reclamado mejorar las investigaciones de fraude por explotación laboral.
Desde el PSOE, el diputado Indalecio Gutiérrez ha señalado al PP como un partido que "alimenta" la ultraderecha y ha advertido del peligro de que "se coman la democracia", al tiempo que ha denunciado que los partidos de ultraderecha se aprovechan de la incertidumbre y del "miedo al diferente" para llevar a la sociedad al odio y a la polarización.
Iniciativa original
La iniciativa inicial de ERC pretendía que el Congreso aprobase un texto para instar al Ejecutivo español a analizar el "activismo ideológico de la ultraderecha" en la Administración y los poderes del Estado, incluyendo la Justicia, y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército. "Al fascismo, a la extrema derecha franquista, ni agua", ha proclamado durante el debate la diputada de Esquerra María Carvalho.
Sin embargo, los de Gabriel Rufián han acabado aceptando una enmienda del PSOE y el grupo confederal en la que desaparecen las menciones a la ultraderecha y a las Fuerzas Armadas, que es la que se ha terminado aprobando.