La aprobación, por parte del Gobierno, de la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica supone un paso más en el labor de las distintas administraciones contra la deslocalización de empresas, un problema ante el que Europa en su conjunto trata de reaccionar por las graves consecuencias que acarrea para el desarrollo económico y laboral de los países de la UE, sobre todo en un momento en el que actores como Estados Unidos y China se encuentran inmersos en una carrera por acaparar inversiones, en especial en lo relativo a tecnología y ciencia.
La puesta en marcha de una política industrial de carácter integral es una de las demandas tradicionales del sector empresarial, también en Euskadi. Entre las novedades de la ley figura que cualquier empresa que pretenda deslocalizar sus instalaciones industriales en el Estado deberá preavisar al Gobierno con nueve meses de antelación, momento en el que el Ejecutivo convocaría una mesa de reindustrialización con sindicatos y la comunidad afectada para estudiar alternativas a esta salida. En este sentido, el plazo con el que las empresas suelen avisar de sus intenciones concede un estrecho margen de actuación a las partes afectadas.
Y en el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla. En concreto, las empresas que hayan recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tendrán que devolverlas si ponen fin a su actividad antes del período establecido en la ley tras su concesión. Serán cinco años en el caso de grandes empresas, tres años en el caso de las medianas empresas y dos años en el caso de las pequeñas empresas. Con estas medidas, el Ejecutivo de coalición pretende asegurar las inversiones realizadas en el Estado.
Lo cierto es que el problema de las deslocalizaciones no es nuevo y presenta muchos matices, ya que la práctica totalidad de territorios y espacios geográficos se han visto perjudicados pero también beneficiados por este fenómeno a lo largo de la historia de la economía. En cualquier caso, hoy en día concentra muchas más críticas que elogios, puesto que, pese a que se promueve una cierta mejora del empleo y el salario en los países a los que se traslada las fábricas, por lo general son de escasa calidad, y además, el impacto en terminos socioeconómicos en el espacio del que sale la empresa suele ser considerablemente mayor. Los motivos que suelen argumentar las empresas están relacionados con los costes laborales, pero también por razones fiscales. En este sentido, fue especialmente llamativa la salida de la compañía Ferrovial en 2023 desde España a Países Bajos. A través de una compleja fórmula jurídica que contemplaba la absorción por la filial neerlandesa de la casa matriz española, Ferrovial trasladó su domicilio social y fiscal a los Países Bajos, donde la carga impositiva es más ventajosa para las empresas y también son mayores los dividendos a repartir entre los accionistas.
Estos procesos suelen estar marcados por cierta opacidad, y de hecho no son muchas las estadísticas sobre esta materia. Según un informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, entre los años 2003 y 2016, se produjeron alrededor de 750 casos de deslocalización, de los cuales la mitad tenían como destino otro Estado miembro de la Unión Europea. Los cálculos de la Fundación cifraban en casi 200 000 puestos de trabajo perdidos en 13 años. Actualmente, la mayor parte de las empresas que son sometidas a procesos de deslocalización pertenecen al sector servicios, cuando en el pasado eran industriales. Los países de la Europa del Este, los del Magreb, India o China han sido destino de muchas empresas occidentales, pero esta tendencia puede cambiar, aseguran algunos expertos, con el cambio de paradigma que se produjo tras la pandemia de 2020. La fuerte dependencia de suministros médicos -con el claro ejemplo de las mascarillas- procedentes de China, así como el oscurantismo con el que el régimen de Pekín ha manejado todo lo relativo al estallido de la pandemia, junto con los temores sobre las intenciones en política exterior de Xi Jinping, están haciendo reflexionar a los países europeos acerca de la conveniencia de evitar los traslados de empresas a ese país, así como a reconsiderar la fabricación de productos básicos dentro de sus fronteras.
Además, tampoco hay que perder de vista que la estrategia futura de la UE -si finalmente los Estados atienden las recomendaciones que emanan del Plan Draghi-es la de movilizar la inversión local y las transiciones energética y digital para competir con Estados Unidos y China, dos gigantes que crecen a un ritmo muy superior al de la Eurozona.
Hace ahora un año, el Parlamento Vasco aprobó la ley vasca reguladora del régimen de subvenciones, que obliga a las empresas que deslocalicen su producción a devolver las ayudas públicas que hubieran recibido en los últimos ocho años, con intereses, si bien quedan excluidas de la obligación de reintegro las cantidades que no superen los importes más reducidos. Esta declaración implica asimismo la imposibilidad de obtener ayudas otorgadas por las entidades del sector público de la CAV durante un período de ocho años a partir de la fecha de la declaración. Desde el año 2020 Navarra cuenta con una legislación similar. En cualquier caso, los expertos advierten de que las normativas deben hilar fino, puesto que a la libertad de circulación de la que deben disponer las empresas se une la necesidad de que la reglamentación no termine siendo un mecanismo para ahuyentar inversión extranjera, un factor por el que cada vez compiten más territorios.