Millones de conductores se enfrentan cada año a una multa de tráfico como consecuencia de infracciones cometidas, bien de forma consciente, por una conducción poco responsable, o por algún despiste por el que se termina incumpliendo alguna señal o alguna norma.
Concretamente, en el año 2023 -el último del que se tienen datos cerrados-, y según un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la Dirección General de Tráfico (DGT) interpuso más de 5 millones de denuncias con las que recaudó más de 500 millones de euros.
La principal causa de las multa de tráfico en el Estado es el exceso de velocidad, seguida de no tener pasada la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) o conducir sin carné.
‘La estafa del abuelo’
Mientras que la infracción de la ITV y la de la ausencia de carnet se detectan en controles rutinarios de tráfico, la del exceso de velocidad es captada por radares; esto que hace que no siempre sea posible detener al infractor e identificarle. Por dicho motivo, en el caso de que se trate de una sanción con pérdida de puntos, días después de cometerse la infracción, el propietario del vehículo recibirá una notificación en su domicilio en la que se le requerirá que identifique a la persona que iba al volante.
Es en ese momento cuando algunos conductores deciden recurrir a la picaresca para tratar de esquivar la multa y supone el inicio de lo que se conoce como la estafa del abuelo. Los infractores, por lo general hijos o nietos, solicitan a sus familiares mayores, que conducen poco o nada, que asuman ser ellos quienes conducían. De esta forma, los auténticos infractores saldrán impunes de la pérdida de puntos o incluso de una posible pérdida del permiso de conducir.

Una señora mayor reflejada en el espejo retrovisor de un automóvil.
Un delito muy grave
Aunque parece una salida fácil, la DGT advierte de que se trata de un grave delito que puede conllevar importantes sanciones económicas y penales, además de ser una práctica muy cruel por involucrar a personas mayores vulnerables.
Según el Código Penal, proporcionar datos falsos a la Administración para evitar la retirada de puntos es considerado un delito de falsedad documental, lo que podría derivar en multas económicas de varios miles de euros e incluso en penas de prisión, dependiendo de la gravedad y de la reincidencia.
Identificación por parte de la DGT
Ante el aumento de casos de esta estafa del abuelo, la DGT ha endurecido la vigilancia intensificando sus controles. Hace un seguimiento exhaustivo de los casos detectados y pretende imponer sanciones ejemplares.
Para ello utiliza sistemas informáticos que detectan patrones sospechosos, como el de un conductor mayor que registra muchas infracciones por exceso de velocidad y con una frecuencia inusual. De forma automática salta una alerta en los sistemas digitales del organismo, herramientas cada vez más sofisticadas, lo que supone el primer paso para identificar al verdadero infractor.
Vulnerabilidad y falta de respeto
Este tipo de estrategias no solo implican riesgos para el verdadero infractor, sino también consecuencias legales graves para las personas mayores utilizadas, aunque no sean conocedoras de la situación.
Estas personas de edad avanzada pueden ser colocadas en una situación muy vulnerable frente a la Administración y pueden verse obligadas a tener que demostrar su inocencia. Se convierten en víctimas de una situación muy injusta, de una enorme falta de respeto y de un ataque a su dignidad al ser utilizadas para encubrir conductas irresponsables de otros familiares más jóvenes.
Por todo ello, las autoridades instan a los conductores a actuar con responsabilidad, honestidad y respeto, y a asumir los errores propios para evitar problemas mayores que pueden perjudicar seriamente a los seres queridos más vulnerables.
Si la ética no fuera suficiente para acabar con este tipo de conductas, habrá que recordar que este uso inmoral de los mayores para encubrir infracciones en materia de tráfico es además ilegal y está duramente castigado.