La disolución de ETA cumple cinco años sin cerrar el flanco de la autocrítica

El 3 de mayo de 2018, hace hoy cinco años, ETA anunció su disolución tras el desmantelamiento “total” de sus estructuras. Su final lo certificó también desde Ginebra el Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario, y respondía a la exigencia social y política de que el cese de la violencia fuera irreversible y absoluto, sin que quedase ningún reducto como amenaza latente o que pretendiera ejercer algún tipo de tutela sobre el debate en la sociedad vasca. Ya en 2011 había anunciado el cese de la violencia, pero con la desaparición de sus siglas se cerraba por completo una etapa oscura que provocó 858 asesinatos y miles de heridos y extorsionados. Que ETA desapareciera de la ecuación devolvió la tranquilidad a miles de amenazados que ya no tuvieron que vigilar sus pasos, cambiar de horario constantemente para despistar a quienes hacían seguimiento de sus rutinas, ni cuidarse de abrir los paquetes a su nombre.

Poco después llegaría la normalización a otros ámbitos, pero al margen de esa fotografía sigue quedando el capítulo de la autocrítica y el reconocimiento del daño causado. El resto de partidos sigue exigiendo a EH Bildu (en especial, a la izquierda aber-tzale agrupada en Sortu) que reconozca el carácter injusto del daño que causó ETA, y que haga autocrítica por su silencio o acompañamiento de ese acoso durante décadas.

La propia ETA dejó ese cabo suelto con su comunicado de disolución, que no dedicó una sola palabra a las víctimas. Casi seis décadas de violencia fueron despachadas en el comunicado leído por Josu Urrutikoetxea sin mención al dolor causado. Un poco antes, en abril, ETA sí había pedido “perdón”, pero de manera selectiva, solo a las personas asesinadas por error, las consideradas por la organización como daños colaterales. Al resto de víctimas les dijo que lo sentía de veras, aunque con la coletilla de que era parte del conflicto.

En ningún momento se retractó de la violencia. La patata caliente del debate ético, una vez desaparecida ETA, pasó a la mesa de la izquierda abertzale, y también de los propios presos, que han ido asumiendo la legalidad penitenciaria para poder optar a permisos y progresiones de grado. Los presos han realizado ese movimiento tras haber tildado de traidores durante años a quienes ya habían dado ese paso, los reclusos de la vía Nanclares.

Un operario borra una pintada de enaltecimiento a ETA EFE

Que el relato sigue sin resolverse a nivel político ha quedado patente ya con dos momentos de tensión entre EH Bildu y el resto de partidos en lo que va de año, tras el fin del alejamiento de los presos y con motivo de las webs municipales que incluyen en la misma lista a víctimas de ETA y presos. EH Bildu reivindica, por su parte, declaraciones como la efectuada en 2021 en Aiete, donde Arnaldo Otegi reconoció que el dolor de ETA “nunca debió haberse producido”, pero los demás partidos creen que no ha completado el recorrido ético.

Presos y webs

¿Qué es lo que ha sucedido en lo que va de año? La normalidad se abre paso en otros ámbitos como la gestión penitenciaria, donde el alejamiento de presos llegó a su final en marzo con el traslado de los últimos cinco presos que cumplían condena lejos de tierras vascas, pero EH Bildu ha evitado atender el llamamiento del resto de partidos que le pedían acompañar ese cese del alejamiento con un nuevo gesto de autocrítica por su parte. La coalición abertzale ha puesto el foco en que siguen aplicándose leyes de excepción (es así en casos como la Ley estatal 7/2003 de cumplimiento íntegro de penas) y ha pedido vaciar las cárceles. Pero, en aquel momento, asociaciones de víctimas cargaron con dureza contra ese discurso y también contra Sare por referirse de manera “acrítica” a los presos sin tener en cuenta que han cometido asesinatos, y sin un gesto de humanidad hacia las víctimas, como dijo la Fundación Buesa.

Que el capítulo del relato sigue sin cerrarse volvió a quedar de manifiesto hace escasos días, con la polémica por las páginas web de varios municipios vascos que incluían en el mismo listado a víctimas de ETA y a miembros de la propia organización ya disuelta, sin contextualizar en ningún momento su historial delictivo o las muertes que tenían a sus espaldas.

La polémica estalló con la web de Galdakao, donde aparecía, entre otros, Xabier García Gaztelu, Txapote. Las webs no eran exclusivas de ayuntamientos de EH Bildu y las elaboró la Sociedad de Ciencias Aranzadi, pero lo que marcó la diferencia fue la reacción de la coalición abertzale, que redujo esta controversia a una intención de “confrontar” con fines electorales. Todos los partidos salvo la propia EH Bildu celebraron la retirada de estas páginas de internet.

La autocrítica es una tarea a la que no renuncia el Gobierno vasco, a pesar de que la pandemia y las consecuencias de la guerra y la subida de los precios hagan sombra a cualquier otro tipo de retos, que pueden pasar a un segundo plano en la agenda de la sociedad. Lo que no ha sido posible a nivel político, lo ha tratado de desatascar el Instituto Gogora a través de las propias víctimas y de historiadores que alumbraron el documento Begiradak. Bases compartidas para la construcción social de la memoria en Euskadi, que deja claro que “toda violación de derechos humanos ha sido, es y será injusta”. En el proyecto participaron familiares de víctimas de ETA (Josu Elespe y Maria Jauregi), de los GAL (Axun Lasa), y los historiadores Unai Belaustegi, Eider Landaberea y Virginia López de Maturana.

El Gobierno vasco y los partidos han abierto otro melón ante el atasco en la autocrítica: el de los 300 atentados de ETA que siguen sin resolverse. También el Gobierno de Navarra ha reclamado colaboración para que se esclarezcan los casos.

Para más señas, en algunos casos se trata de esas víctimas colaterales asesinadas por error y que supuestamente ETA lamentaba, pero sobre las que nunca ha ofrecido datos sobre la autoría o el paradero.

Así sucedió con las muertes de los tres jóvenes gallegos asesinados hace 50 años, en 1973, probablemente porque ETA los confundió con policías. ETA nunca confirmó lo sucedido ni reconoció su responsabilidad, y se cree que, a día de hoy, una media docena de personas podrían arrojar algo de claridad para las familias de los fallecidos, que ni siquiera saben dónde están los cuerpos de Humberto Fouz, Fernando Quiroga y Jorge Juan García.

Normalización penitenciaria

Cinco años después de la disolución de ETA, la normalización sí ha podido abrirse camino en las cárceles. Los presos del colectivo oficial han asumido el itinerario legal, lo que a su vez facilitó que el Estado pusiera fin al alejamiento, todo ello acompañado por la relación estrecha que tienen en estos momentos la izquierda abertzale y el PSOE en las Cortes estatales, donde EH Bildu se ha convertido en uno de los apoyos habituales del presidente Sánchez.

Por su parte, el Gobierno vasco gestiona las cárceles desde octubre de 2021, lo que supuso cumplir lo establecido en el Estatuto de Gernika y ejecutar una transferencia que había sido vetada por Madrid en la etapa de la violencia. Los datos del Gobierno vasco a cierre del 31 de marzo indicaban que la población reclusa global en la comunidad autónoma, con independencia del delito cometido, asciende a 1.605 personas (880 en Araba, 339 en Gipuzkoa y 386 en Bizkaia).

Freno a la progresión de grado

De estas 1.605 personas presas, por delitos de terrorismo permanecen en la cárcel 144. El objetivo que se marcó el Gobierno vasco al asumir la competencia fue facilitar la reinserción y aplicar la ley por igual, fueran presos de ETA o comunes, aunque se está encontrando en algunos casos con la negativa de la Audiencia Nacional y los recursos de la Fiscalía a las progresiones de grado. La mayor parte de los presos por terrorismo se encuentra en segundo grado (109), y siete pueden salir del centro para trabajar. En los distintos regímenes del tercer grado, que es el más favorable para el preso, se encuentran 24. Cuatro están sin clasificar. Las progresiones de presos de ETA al tercer grado desde la transferencia han sido 42. De ellas, 9 de ellas en lo que va de año (siempre a fecha del 31 de marzo), un número que no destaca especialmente sobre el cómputo global de presos, porque en total, a presos de ETA y comunes, se les han concedido 668 progresiones, 82 este año. En el caso de los delitos de terrorismo, se han revocado 11 progresiones. Sumando a los presos comunes, ascienden a 18 las progresiones tumbadas. En cuanto a Navarra y el Estado francés, son unos veinte los presos de ETA que cumplen condena.

En materia penitenciaria, exceptuando los movimientos de los sectores díscolos con la estrategia posibilista, los ongietorri a los presos a su salida de la cárcel pasaron a celebrarse en privado ante la presión política y social contra las muestras de ostentación en la calle.

11-M en Pamplona: Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo Javier Bergasa

De hecho, en el capítulo de la normalización política, EH Bildu trata de consolidarse como socia del Gobierno español de Pedro Sánchez tras haber criticado durante décadas al PNV por sus pactos en Madrid y, a su vez, estos acuerdos son cada vez menos un tabú para el PSOE, que cree que tiene en la coalición abertzale a una aliada que le da más facilidades y es menos pendenciera que los jeltzales en cuestiones como el reparto de competencias, como ha sucedido con una Ley de Vivienda que el PNV ha rechazado por invasión competencial y que EH Bildu, sin embargo, sí ha respaldado.

En suelo vasco, se han producido acuerdos entre el PSE y EH Bildu en municipios concretos como Eibar, y está por ver si son pactos aislados o son la punta de lanza de un movimiento más amplio. PNV y PSE gobiernan en coalición en el Gobierno, las tres diputaciones, las tres capitales y buena parte de los ayuntamientos y, en principio, el líder del PSE, Eneko Andueza, ya declaró públicamente que no podrá profundizar en las alianzas con la izquierda abertzale mientras no condene la violencia y mientras aspire a emular el procés.

En Navarra, los acuerdos del Gobierno con EH Bildu han sido y son de gran calado y la formación abertzale ha dado estabilidad al Ejecutivo de Chivite.

Díscolos

EH Bildu ha escenificado también un acercamiento a la empresa y la industria. Como telón de fondo, se sitúan las elecciones municipales y forales del próximo día 28, aunque en amplios sectores se le siguen pidiendo cuentas por el pasado, la deslegitimación del modelo de la Ertzaintza, o las pintadas a favor de la amnistía que todavía la semana pasada aparecieron en un batzoki del PNV en Donostia.

Entre los sectores críticos no hay tampoco uniformidad, sino una amalgama de siglas que van desde los que cuestionan los métodos democráticos o la decena de presos que se niega a acatar la legalidad y aspira a la amnistía, hasta los que, como GKS, lo que quieren es evitar que EH Bildu caiga en los postulados de la “burguesía” y ponen el foco en la defensa del anticapitalismo.

EH Bildu se distancia de todos ellos con el argumento de que no son parte de la izquierda abertzale.