Más de 34 años después de que el Gobierno de Felipe González decidiera incluir la dispersión de las personas presas entre sus herramientas para combatir el terrorismo, el alejamiento de los reclusos vinculados a ETA llega a su fin. Un largo periodo de vulneración de la legalidad penitenciaria reconocida incluso por el ministro del Interior, pero que hoy se seguiría aplicando si la organización terrorista no hubiera depuesto las armas en octubre de 2011. “Si tuviéramos en Cádiz a los presos de ETA, estaríamos incumpliendo la ley”, ha manifestado recientemente Fernando Grande-Marlaska para justificar el final de la política de alejamiento que durante todo este tiempo ha causado la muerte de 16 familiares o allegados en accidentes de tráfico, incluidas las navarras Karmele Solaguren y Sara Fernández.
Un castigo añadido a la condena, que llevaba aparejada también la clasificación de la inmensa mayoría de estos presos en primer grado –el régimen más duro de las prisiones–, y la imposibilidad de acceder a cualquier permiso.
Hoy tanto desde la asociación de familiares de presos Etxerat como desde el movimiento de apoyo a estos reclusos Sare dan por concluida la dispersión con el gradual acercamiento de las personas encarceladas que se inició tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.
Mapa de la dispersión.
“El ciclo de la dispersión está cerrado y esperemos que futuros gobiernos no lo vayan a abrir nunca porque hayan tomado de forma clara la conciencia de que solo sirve para perjudicar”, destaca la abogada Amaia Izko. Añade que “aunque hay familiares que todavía tienen que viajar, ese ciclo está terminado”, subraya la letrada, que ha asistido a decenas de presos.
No hay más que observar el mapa de la dispersión que ilustra esta página para comprobar cómo ha cambiado la situación del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK).
Hace menos de dos años, en febrero de 2021, había 191 presos dispersados. Nada que ver con la realidad actual. Apenas 14 de los 173 reclusos continúan en cárceles del Estado español fuera de Navarra y la CAV, si bien están en centros cada vez menos alejados de sus lugares de origen y en vísperas de ser definitivamente acercados. También fuera de Euskal Herria se encuentran los 12 encarcelados en Francia, si bien 11 de ellos han sido acercados a la prisión más cercana a este lado de la muga.
El difícil acceso a permisos
Prácticamente superada la etapa de la dispersión, la batalla del EPPK se centra ahora en acceder a esos permisos contemplados dentro de la legalidad penitenciaria que, sin embargo, se conceden con cuentagotas.
De acuerdo con las estimaciones de Etxerat, actualmente unas 80 pesonas presas reúnen las condiciones para estar en tercer grado por haber cumplido más de la mitad de la condena, pero sólo 30 disfrutan de este régimen de semilibertad.
Lo mismo ocurre con los más de 110 presos que podrían tener permisos por haber cumplido la cuarta parte de la condena y encontrarse en segundo grado. Un beneficio que en la actualidad solo han alcanzado 8 presos, incluido uno enfermo.
Pese a todas las piedras para recorrer la legalidad penitenciaria, la situación ha mejorado sustancialmente con respecto a la que había, por ejemplo, en mayo de 2020. Entoces, 157 de los 200 presos estaban en primer grado, 38 en segundo y solamente 4 en el tercero.
“La situación ha cambiado a mejor”, reconocen abiertamente desde Etxerat, al mismo tiempo que denuncian que “se sigue aplicando una excepcionalidad que vulnera derechos básicos y bloquea el camino de regreso a casa que a toda persona presa le corresponde”. Motivo por el que Sare mantiene las concentraciones para los días 30 y 31 y la gran manifestación del 7 de enero.
Algunas cifras
14 presos alejados. De los 173 reclusos del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en euskera), solo 14 cumplen su condena fuera de Euskal Herria sin incluir los 12 que están en Francia, que no pueden estar más cerca porque no hay cárcel en Iparralde, pero que han sido acercados a Lannemezan.
30 en tercer grado. De acuerdo con la clasificación penitenciaria, sólo 30 presos de los 161 que hay en el Estado español han progresado hasta el tercer grado. De ellos, 12 cumplen la condena con pulsera telemática.
80 en condiciones de optar al tercer grado. Etxerat estima en unos 80 los reclusos que podrían estar en tercer grado al haber cumplido la mitad de la condena.