La división marca el 8M cinco años después de la gran huelga feminista

Cinco años después de las grandes manifestaciones unitarias que culminaron una histórica huelga feminista, este 8 de marzo se conmemora eclipsado por la fractura abierta en el movimiento, que llegó a su máximo nivel este martes con la división del Gobierno en la reforma de la ley del solo sí es sí.

Desacuerdo con la Ley Trans

En Madrid, donde un marea morada inundó avenidas y plazas aquel Día Internacional de la Mujer, la Comisión 8M vuelve a convocar la tradicional manifestación del 8M, que reivindica las leyes diseñadas por el Ministerio de Igualdad. "Allá donde veáis la bandera trans más alta y más grande, esa es la manifestación que convocamos", subrayan las organizadoras.

Pero el Movimiento Feminista de Madrid, contrario a la ley trans, abolicionista de la prostitución y partidario de reformar la ley del solo sí es sí, vuelve a desmarcarse y organiza su propia marcha.

Ya lo hizo el año pasado y el 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando el desdoblamiento de la convocatoria provocó la división del Gobierno, con ministras del ala socialista tras su pancarta y entre gritos de "Irene Montero dimisión".

Este miércoles no se espera una nueva foto de la división. Las ministras socialistas han avanzado que acudirán a la marcha tradicional, en la que, previsiblemente, como en años anteriores, también participarán las dirigente de Podemos.

El PP optará, sin embargo, por la manifestación que se reivindique "en contra de la ley del sí es sí" y en contra de la ley trans", ha indicado su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

La reconquista de la calle

"Este año volvemos a ver el mismo ambiente (que hace cinco años), con nuevas compañeras sumándose a las asambleas; la necesidad del feminismo sigue tan vigente como entonces y aspiramos a volver s llenar las calles", asegura Vicky, una de las portavoces de la Comisión 8M.

Observan el enfrentamiento político y las luchas partidistas con preocupación, pero tienen claros sus posicionamientos, apuestan por una ley del solo sí es sí en la que las mujeres no tengan que demostrar haber sido víctimas de violencia y defienden a ultranza a las "compañeras trans".

"El debate sobre qué es prostitución es complejo. Para nosotras feminismo es escuchar a todas las mujeres; realmente, la división no es tal", asegura esta activista.

Desde el Movimiento Feminista de Madrid, Ana de Blas cuestiona ese planteamiento: "El feminismo está en contra de la mercantilización del cuerpo de las mujeres, ya sea mediante la explotación sexual, el sistema prostitucional o los vientres de alquiler".

Más que división, De Blas cree que hay "un intento de usurpación del feminismo y del crédito social de este movimiento", una "instrumentalización partidista para determinadas carreras políticas".

En algunas ciudades se han organizado manifestaciones separadas y en otras habrá "bloques abolicionistas" dentro de las marchas tradicionales.

Las leyes de la polémica

La ley trans impulsada por Igualdad, que permite el cambio de sexo en el registro sin condiciones desde los 16 años, no gusto a parte del PSOE, pero finalmente el proyecto vio la luz sin modificaciones, y Carmen Calvo, desbancada de la Vicepresidencia primera del Gobierno, quedó al frente de la minoría socialista disidente.

Las más de 700 rebajas de condenas a agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí han llevado sin embargo al PSOE a plantarse y a liderar en solitario una reforma, aunque para aprobarla se tenga apoyar en los votos del PP.

Nadie en el Gobierno previó esas rebajas, pero la tramitación parlamentaria de la llamada oficialmente Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tampoco fue pacífica en la coalición de gobierno a cuenta de la prostitución.

El pulso, en aquella ocasión, también lo ganó Igualdad, y el grupo socialista se vio obligado a retirar "in extremis" las enmiendas con las que planteaba ampliar el castigo a los proxenetas.

Eliminado ese capítulo, registró en solitario una proposición de ley para caminar hacia la abolición de la prostitución que incluye multas para los puteros, pero que, nueve meses después de pasar por el pleno, no avanza en su tramitación parlamentaria.