La crisis de vivienda analizada desde una perspectiva de género muestra que el constante incremento de precios afecta más a las mujeres. Ana Telleria, directora de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana del Gobierno vasco, da algunas claves.
Si se analiza la crisis de vivienda desde la perspectiva de género, ¿qué diría? ¿Afecta más a las mujeres?
El problema de la vivienda es la escasez y el precio de esa poca oferta. Falta vivienda, pero además falta vivienda asequible. La escasez de la oferta afecta a ambos sexos por igual, pero la carestía de la vivienda afecta más a la mujer. A pesar de la incorporación de la mujer al mercado laboral y del descenso de la tasa de paro, aún hay un gap con respecto a los hombres. Los datos de Etxebide muestran que el 52,4% de la demanda con ingresos inferiores a 12.000 euros son mujeres frente al 33,3% de los hombres. En las franjas con menos recursos la mayoría son mujeres y en porcentajes además muy elevados.
¿A qué responde?
Tiene que ver con sus dificultades de acceso al empleo, al peso de los cuidados, que muchas veces tienen que elegir entre cuidados y empleo, que siguen siendo en su mayoría las que se reducen la jornada, lo que al final afecta a sus salarios y a su carrera profesional. Aunque la brecha se va reduciendo y la brecha salarial también, sigue existiendo y por eso el problema de la vivienda se complica todavía más en el caso de las mujeres.
Además, los salarios suben, pero la vivienda lo hace mucho más.
Eso es. En la encuesta de necesidades de vivienda que está publicada en el Observatorio de Vivienda con datos de otoño de 2023, 8 de cada 10 mujeres encuestadas con necesidad de acceso a su primera vivienda manifestaban no disponer de recursos económicos para ello. Esto es un dato importante. La poca oferta que hay tiene unos precios que muchas mujeres no se pueden permitir y por eso se registran como solicitantes de vivienda de protección oficial. Según datos de febrero, del total de solicitudes, el 54% corresponde a mujeres y el 46% corresponde a los hombres.
¿Y en alquiler?
Si nos fijamos en exclusiva las personas demandantes de alquiler (en solitario), el 44% son mujeres y el 36% son hombres. Hace ya muchos años se dejaron de sortear las viviendas, ahora hay un sistema de validación según los ingresos, la antigüedad, el número de miembros de la unidad familiar, si se pertenece a un colectivo vulnerable o no... y hay más adjudicaciones hacia mujeres que hacia hombres. En 2023, en el 61,3% de los visados de contratos de arrendamiento las titulares fueron mujeres, aumentando la proporción observada en 2021. En el caso de vivienda protegida en compra, el porcentaje es del 50,3%. Este es un resultado coherente con el comentado antes, que hay un mayor peso de la demanda de vivienda protegida en el caso de las mujeres hacia el alquiler que hacia la compra.
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¿Sigue la construcción de vivienda pública criterios de igualdad?
Hay varios estudios que dicen cómo tiene que ser una vivienda igualitaria, el decreto de habitabilidad ya contempló la perspectiva de género, pero además la consejería de Vivienda sacó en 2022 una guía que contiene medidas concretas y expresas para incorporar la perspectiva de género al diseño de las viviendas. Desde sus inicios se constató que el diseño de la vivienda no es neutro, sino que es un reflejo de la sociedad. Las viviendas han sido diseñadas tradicionalmente desde una perspectiva androcentrista y productivista, primando las habitaciones de estar o de descanso frente a las estancias dedicadas a los cuidados. Mejorar las zonas dedicadas al cuidado, como la cocina o el baño, no solo impacta en las personas cuidadoras sino también en las que son cuidadas. La vivienda tiene que se para todos sus habitantes, no solo para quien quiere ver la televisión. Una cocina más amplia, además, favorece que los dos miembros de la pareja estén cocinando o limpiando por ejemplo, e influye en el reparto de tareas.
Se entiende entonces que la vivienda pública sigue estos criterios.
Sí. Cada vez se hace más con esos criterios. Además cada vez tiene más en cuenta la diversidad de las unidades familiares y también que la vivienda es para toda la vida y que las circunstancias de las personas van cambiando, así que tiene que ser también flexible para realizar cambios. Pero no solo hay que tener una perspectiva de género en el diseño de las viviendas, sino de los edificios, no tiene que haber recovecos o puntos negros, las mujeres tienen que sentirse seguras en todos los espacios.
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Una lema clásico de los feminismos es ‘las calles son nuestras’. ¿Cómo puede contribuir el urbanismo a este sentir?
Todas las personas tienen derecho a la ciudad y, en este sentido, la autonomía personal es un derecho cuya reivindicación comparten los feminismos con otros movimientos sociales, compartimos nosotros, concebido como un requisito básico para la participación social de todas las personas. Por supuesto, las calles son nuestras y una buena planificación urbanística debe dar como resultado ciudades para todos y para todas, que no haya dentro de la ciudad ninguna zona vedada a nadie. Y en los barrios igual, que se pueda hacer una vida en el barrio es importante, porque eso es lo que da autonomía a las personas y, por tanto, una calidad de vida. La seguridad y accesibilidad son muy importantes. La seguridad tanto la real como la percibida. Tener miedo es libre y, a veces, con poner un poco más de luz la sensación cambia.
¿Qué está haciendo el departamento para que esto sea una realidad?
En la actualidad estamos elaborando una guía que permita incluir la perspectiva de género en la planificación territorial a una escala de barrio y esperamos tenerla a final de año. Y mientras esto se desarrolla tenemos comunicación constante con los ayuntamientos, porque la rehabilitación de la edificación es importante, pero no lo es menos el entorno.