La Eurocámara culpabiliza al Gobierno español del espionaje al independentismo

Bruselas ha propinado un sonoro repaso al Gobierno de Pedro Sánchez al culparle del espionaje al independentismo. La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo que aborda el uso de Pegasus y otros software contempla “lagunas” en el marco legal del Estado español para autorizar el seguimiento de personas, indicando que la protección legal es “obsoleta”, al tiempo que observa que el CNI trabaja con poca transparencia. Así se desprende del borrador del informe de la liberal neerlandesa Sophie in’t Veld, centrado en el uso de este sistema en España, Polonia, Hungría, Grecia y Chipre, entre otros Estados miembros. La reacción del Govern no se ha demorado. Pere Aragonès, aunque no está en peligro la mesa de diálogo, ha instado a “llegar al fondo de la cuestión por justicia y dignidad política”, ya que “en una democracia no se espía al adversario político”.

En el texto se da por corroborado el espionaje a 65 miembros del sector independentista, entre ellos el propio president, ahondando en que pese a que el marco legal español parece dar una “consideración significativa” al permiso judicial para iniciar las labores de seguimiento de una persona, “en todo caso parece que hay una gran laguna relativa a la naturaleza retroactiva del ciberespionaje”. “Incluso con el requisito legal de que la duración de la vigilancia se estipule específicamente antes de la autorización, no se contempla que una vez que un dispositivo está infectado con un software, es posible revisar retroactivamente las comunicaciones y los datos anteriores de una manera que no era posible con medidas tradicionales de vigilancia”, recoge el informe. Las disposiciones legales para realizar tareas de seguimiento en España corresponden a un momento en el que la tecnología de vigilancia era menos avanzada y no existían programas como Pegasus, señala el informe, que concluye que “las garantías legales corren el riesgo de no brindar a los ciudadanos una protección suficiente”.

Si bien el documento no identifica la autoría, centra gran parte de sus conclusiones en el papel del CNI, al que acusa de “haber estado envuelto en varios escándalos relacionados con la vigilancia” y de actuar con nula claridad. “Gran parte del trabajo del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia”, subraya el informe. Asimismo, se pone el foco sobre la ley de Secretos Oficiales de 1968, lamentando que se originó durante “la era franquista” y “su reforma ha sido objeto de debate desde hace tiempo en España”. “El mayor problema con esta legislación en gran medida anticuada es que no describe un periodo de tiempo más allá del cual expirará el secreto impuesto”, se puntualiza en el texto, que será objeto de enmiendas antes de que su versión final en marzo sea votada en la propia comisión y el Pleno de la Eurocámara.

También se ha pronunciado Carles Puigdemont destacando que “el espionaje masivo, incontrolado e ilegal es muy grave, pero aún lo es más si lo hace un Estado y lo ampara la Unión Europea”. “Es una amenaza directa a la democracia. No valen medias tintas. España espía y vulnera derechos fundamentales. Esto demuestra que debemos confrontarnos”, ha suscrito. Desde Junts se ha señalado directamente al PSOE, recordando su reacción cuando se destapó el escándalo el pasado abril. “Primero lo negó, después lo justificó y luego se presentaron como víctimas “, ha lanzado, en referencia a que Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, alegaron que también habían sido espiados.

Con todo, la consellera de Acción Exterior del Govern, Meritxell Serret, ha aclarado que el Ejecutivo de Aragonès “no renunciará nunca al diálogo, a la negociación y nunca renunciará a la vía política y democrática de resolución del conflicto”. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián,ha interpretado que “es la antesala de que todo acabará con una sentencia de un tribunal europeo que pondrá en su sitio a la democracia española”.