El Parlamento Europeo defenderá en las negociaciones con los Veintisiete que las nuevas reglas contra la corrupción en la Unión Europea incluyan la prohibición para los Estados miembro de conceder indultos o amnistías por delitos de malversación.
Así consta en el mandato negociador acordado el pasado 31 de enero por la comisión de Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo y que este miércoles ha confirmado sin cambios el pleno de la Eurocámara reunido en Estrasburgo, sin necesidad de una nueva votación.
Esta línea roja queda fijada por una enmienda de compromiso del Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, en el que se integra Vox) en la que se establece que "los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 (de la directiva".
En concreto, los delitos recogidos en los artículos mencionados son cohecho en el sector público, soborno en el sector privado, malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de funciones, obstrucción a la justicia, enriquecimiento por delitos de corrupción e inducción, complicidad y tentativa.
El eurodiputado del PP que negoció la enmienda, Javier Zarzalejos, ha confiado a través de un comunicado en que la directiva sobre corrupción "se haga realidad lo antes posible" para poder "mandar el mensaje de tolerancia cero ante la corrupción".
"Resulta sencillamente hipócrita que se diga que el que la hace la paga mientras se promueven amnistías para los malversadores y se rebajan las penas del delito de malversación", ha dicho Zarzalejos, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez que negoció la ley de amnistía con ERC y Junts y que esta semana afronta un escándalo de corrupción por la presunta vinculación de un exasesor de José Luis Ábalos -cuando éste era ministro- con el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Con todo, los gobiernos no han fijado aún su propia posición de negociación por lo que las negociaciones entre los colegisladores no podrán iniciarse aún y quedarán relegadas salvo sorpresa a la próxima legislatura, una vez pasen las elecciones al Parlamento Europeo del 6 al 9 de junio (domingo 9 en el caso del Estado español), dado que la agenda provisiona de los ministros de Interior no prevén este debate hasta el mismo junio, según fuentes europeas consultadas por Europa Press.