La ‘excepción ibérica’ supone una subida de 20 euros al mes en casi 20 millones de hogares

La electricidad es la energía más universal y un auténtico quebradero de cabeza desde hace meses para las familias. El recibo sacude las cuentas de los hogares el día uno de cada mes a causa de esa tormenta perfecta de factores propios de la actividad energética y ajenos a ella que tensiona al límite el mercado sin que se perciba en el horizonte la llegada del sol. Sin que ninguna de las medidas que se toman apunte trazas de éxito.

El escenario exige buscar fórmulas extraordinarias, al margen del mercado, como la excepción ibérica, que interviene en España y Portugal los precios del gas para minimizar su gran impacto en el recibo.

¿Está funcionando el mecanismo? En parte sí, porque algo más de un tercio de las familias, las que están en el mercado regulado han visto que su factura de la luz bajaba un 14% de media durante el periodo de vigencia de la excepción. En cambio, el 65% de consumidores restante, en torno a 20 millones de hogares con contratos del mercado libre, no se ha beneficiado de la medida y gran parte de ellos han pagado de media 120 euros más durante los seis últimos meses del año pasado. Es decir, su recibo se ha encarecido una media de 20 euros al mes.

Son datos facilitados por fuentes del sector eléctrico que sacan a la luz la cara B de la iniciativa: el tope del gas obliga a los propietarios de los ciclos combinados a vender la energía por debajo del precio del mercado, pero reciben una compensación que pagan en principio los clientes del mercado regulado. Sin embargo, los consumidores del mercado libre que han firmado un contrato a precio fijo entre octubre de 2021 y abril de 2022 están obligados a pagar también el recargo del gas. Además, los que actualicen o renueven a partir de mayo su contrato, que generalmente son a un año, también tienen que asumir su cuota.

Si la solución ibérica se prorroga hasta final de este año como plantea el Ministerio, la compensación del gas podría afectar a todos los consumidores. Aunque solo se beneficiarán los 8,9 millones de hogares PVPC –Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor– porque la rebaja de su factura absorbe el recargo a los productores eléctricos con gas.

En cambio, la mayoría de los clientes, que tenían contratos fijos de suministro y no estaban sujetos a los vaivenes de los precios del gas, han tenido o tendrán que asumir también su cuota de compensación. No notan los efectos positivos de la excepción ibérica, pero sí la parte mala y su factura ha aumentado.

La escalada desbocada del precio de la luz se convirtió en el segundo trimestre de 2022 en asunto de Estado. Y salió de algún cajón de la administración estatal un término temido por las empresas de cualquier sector: intervención. Fue un verbo utilizado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la hora de justificar el tope del gas. Los altos precios de la electricidad obligaban a “intervenir” al Gobierno central para evitar el impacto en los ciudadanos. El sector se queja de que de facto se ha intervenido en el mercado y cambiado sus reglas de la noche a la mañana.

Según los cálculos de las eléctricas, la compensación que están pagando los consumidores en sus recibos, ya supera los 9.000 millones de euros y rebasará los 12.000 millones de euros en junio. Son cifras de calado ante las que algunos expertos han apuntado que ese dinero podría haberse destinado a amortiguar el impacto en los más vulnerables, en lugar de ser una ayuda que no discrimina.

Más consumo de gas

También hay otro efecto secundario controvertido: los bajos precios del gas han tenido como consecuencia un mayor consumo. Una circunstancia que va en dirección contraria a la estrategia de la Unión Europea de reducir el uso de gas para frenar la dependencia energética de Rusia.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó el miércoles en su informe El mercado eléctrico en 2023 que el tope al gas ha aumentado un 25% el uso de los ciclos combinados y por tanto las emisiones. De hecho, la AIE habla de las “distorsiones” causadas por esa excepción para el mercado interior de la UE, pero también en los mercados al contado y de futuros de la península.

Y en este contexto tan complejo y con tantas aristas en la solución ibérica, el Gobierno español presentó en enero su propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, una cuestión que se abordará los próximos meses. El Ministerio de Transición ecológica plantea limitar de forma permanente el impacto del gas con un precio fijo. Además, propone regular aparte el coste de la energía renovable e hidráulica.

En todo caso, la principal apuesta es poner fin al sistema marginalista que fija los precios en función de la tecnología más cara en cada subasta y establecer un esquema basado en el coste medio de cada tecnología. Es la aportación española a un debate comunitario en el que los Estados, una vez más, están muy divididos.