La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, a un paso de ir a juicio por un delito de desobediencia

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha concluido el sumario respecto a la ex diputada de la CUP Anna Gabriel, procesada por un delito de desobediencia por su presunta implicación en la Declaración Unilateral de Independiencia (DUI) de Cataluña en el marco del 'procés', enviándolo a la Sala de lo Penal, lo que la sitúa a un paso de juicio.

"Practicadas cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, así como para la averiguación de la participación que en los hechos tuvo la procesada y de las circunstancias concurrentes en su comisión, por no apreciarse necesaria ninguna otra indagación, es procedente concluir el presente sumario", dice el instructor del 'procés' en un auto firmado este mismo miércoles.

En consecuencia, ordena "remitir testimonio de la causa, junto con los objetos intervenidos, las cantidades consignadas y/o ocupadas y las piezas separadas correspondientes, a la Sala competente para revisar la conclusión" del sumario.

Llarena ha sellado las pesquisas después de que Gabriel acudiera a declarar al alto tribunal el pasado 14 de septiembre, trámite que no se había podido completar porque huyó a Suiza en 2018 tras ser procesada por estos hechos.

Ese día, Gabriel negó haber cometido un delito de desobediencia por cuanto asegura que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) en el que se le advirtiese de que no podía impulsar una iniciativa parlamentaria que conllevase la independencia de Cataluña.

La política independentista añadió, en declaraciones a la prensa, que confiaba en que la causa se archivara o enviara a Barcelona, al tiempo que aseveró que sus "principios" seguían "intactos". "Nunca se hubiera tenido que producir la judicialización de lo que es una aspiración legítima de un pueblo", remató.

El precedente de Serret

El proceso referido a Gabriel se reactivó el pasado 19 de julio, cuando la ex parlamentaria catalana compareció voluntariamente en el Supremo, poniéndose a disposición del tribunal.

Entonces, Llarena dejó sin efecto la declaración de rebeldía efectuada en su día respecto a Gabriel y "la busca, detención y presentación ordenada contra ella", aunque recordándole su obligación de "comparecer cuantas veces fuera llamada".

Contra ella solo constaba esa orden nacional de busca y captura, ninguna europea o internacional porque el delito de desobediencia no lleva aparejada pena de prisión, solo multa de hasta un año e inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta dos años de duración.

Cabe recordar que Gabriel acudió al Supremo con su nuevo abogado, Iñigo Iruín Sanz, el mismo que acompañó en marzo de 2021 a la ex consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret para que se entregara también al TS procedente de Bruselas, donde estaba desde octubre de 2017.

En su caso, estaba procesada igualmente por la DUI pero por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia, y pesaba contra ella una orden de detención nacional para tomarle declaración.