La falta de regulación autonómica pone en riesgo cerca de 6.500 licencias para VTC

Madrid – La falta de regulación autonómica sobre la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) como los de Uber o Cabify, puede provocar que a partir del próximo 1 de octubre alrededor de 6.500 titulares de licencias de este tipo se vean obligados a dejar de operar trayectos urbanos. Así, a escasos días de que finalice el periodo transitorio de cuatro años que el Gobierno concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de los VTC, únicamente Catalunya y Madrid han aprobado leyes autonómicas claras que permitirán al sector seguir operando trayectos urbanos en estas regiones.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido en los últimos días que las comunidades han contado con “tiempo suficiente” para aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de servicios de VTC en sus territorios, incluyendo posibles prórrogas de la actual normativa.

Sin embargo, el sector viene reclamando una ampliación de este periodo, al considerar que no ha sido suficiente para compensar o amortizar la inversión efectuada por los propietarios de las licencias debido a la paralización de la actividad por el estado de alarma en la pandemia y las sucesivas restricciones a la movilidad, y la imposibilidad de obtener ingresos.

En este sentido, Cabify, una de las compañías más grandes del sector, ha llevado el conflicto a la calle en los últimos días con una campaña que interpela directamente a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, haciendo público el número de viajes que se han contratado desde y hasta la sede del Ministerio a través de su plataforma. Como respuesta, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana ha dicho que estudiaría la posibilidad de tomar “las medidas que se estimen convenientes” contra Cabify, y ha vuelto a recordar que “carece” de competencias reguladoras en este ámbito tras el real decreto que se aprobó en 2018 bajo el mandato del anterior ministro, José Luis Ábalos, cuando la llamada “guerra del taxi” estaba en pleno auge.

EL DECRETO ÁBALOS

Precisamente, el conocido como decreto Ábalos es el punto de partida del conflicto, ya que establecía que en el plazo de cuatro años los titulares de licencias de VTC sólo podrían realizar trayectos interurbanos, lo que en la práctica supone que la mayoría de estos vehículos debían dejar de operar, al realizar actualmente el grueso de sus desplazamientos en núcleos urbanos.

Sin embargo, habilitaba a las comunidades a regular la actividad urbana de los VTC, en aspectos como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.

Para ello, daba a las comunidades cuatro años para que regularan durante un periodo que serviría a su vez como suerte de indemnización para que los dueños de las licencias pudiesen recuperar la inversión realizada. Además, establecía la posibilidad de que los titulares solicitasen una moratoria de este plazo compensatorio para cada licencia, con una ampliación de entre uno y 16 años siempre que justificasen que los cuatro años no habían sido suficientes para recuperar la inversión inicial. – Efe