Si Pedro Sánchez irrumpió en el Comité Federal de su partido a pecho descubierto, reconociendo los condicionantes que le llevan a dar carta blanca a la amnistía a los encausados del procés, amén de sus posibles beneficios, es porque tiene pergeñada su investidura. Lo contrario sería un atrevimiento y, por mucho que el líder del PSOE siempre cae de pie con su manual de resistencia, tampoco es cuestión de comportarse como un kamikaze. Esta consideración ya mayoritaria hace prever que el proceso de su reelección está al caer e incluso podría acelerarse en los próximos días, puente festivo por medio, hasta el punto de que se baraja un gesto público entre los socialistas y Junts que visualice su aproximación para luego ser concretada. De hecho, apenas hay ya un solo aspecto que les separa: la demanda de Carles Puigdemont de un mediador internacional que ejerza de notario del contenido y alcance este consenso.
La puesta en escena del aún presidente del Gobierno en funciones supone un punto de no retorno. La medida de gracia saldrá adelante aunque desde algún sector independentista, como Esquerra, se haya hecho hincapié en la necesidad de que se deje bien claro en la redacción de la misma que los hechos del 1-O no fueron delito. No en vano, esta exposición de motivos, que gran parte de los expertos constitucionales piden que no sea ambigua, es sobre lo que ha pivotado el eje de las negociaciones, pero todo apunta a que la redacción de la ley se limitará a ser una narración descriptiva de lo que aconteció aquel octubre de 2017, que hubo un referéndum en Catalunya y que el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal. Otra cosa es que en el articulado de la normativa, y para poder acogerse a la amnistía, tengan que aparecer los delitos por los que los implicados fueron condenados.
Sánchez y el resto de sus dirigentes se dedicarán a explicar con profusión a la ciudadanía los motivos que les han llevado hasta esta posición, mimetizando el escenario de la concesión de indultos, e incluso elevando las dosis de pedagogía a sabiendas de que la oposición multiplicará todavía más su estrategia de acoso y derribo con todo el ruido que sea necesario. Aunque de puerta hacia afuera ha primado la discreción, las conversaciones internas han estado envueltas de no pocas discusiones sobre lo que unos y otros entienden como el conflicto catalán y su superación, desde el espectro independentista con el derecho de autodeterminación de fondo para que no haya un cierre en falso. A la palestra salieron términos como el de la minoría nacional, que es la acepción que Carlos Boye, abogado de Puigdemont, ha utilizado en su defensa ante la justicia europea, pero el terreno no se ha embarrado por ese asunto que finalmente ha quedado aparcado. El dilema reside en la herramienta de verificación, en tanto que el líder de Junts quiere que tenga un rango internacional porque diferencia además este lienzo del que durante los últimos años han dibujado el PSOE y Esquerra con la ya olvidada mesa de negociación. Y es que el todavía president en el exilio necesita sumar puntos a su favor ante su electorado que le lleven a hacer comprender las bondades de este paso después de un lustro aferrado a la épica. Está por ver además si habrá una fotografía entre el propio Puigdemont y algún dirigente socialista que, como se viene deslizando desde hace semanas, podría ser el secretario de Organización, Santos Cerdán.
ERC busca su sitio
En todo este contexto, Esquerra trata de sacar la cabeza, más aún con las autonómicas en un plazo no muy lejano y con las encuestas agudizando su caída, por ejemplo en caso de una repetición de las generales, donde se podría ver hasta superado del todo por Junts. Su presidente, Oriol Junqueras, intenta exprimir su visita reciente a Irlanda del Norte para reivindicar soluciones paralelas en Catalunya. En un artículo en La Vanguardia, el dirigente republicano reivindicaba ayer domingo el proceso de negociación que culminó en abril de 1998 en el Acuerdo del Viernes Santo porque blinda el derecho a la autodeterminación para decidir el “estatus constitucional” del país. Junqueras sostiene que la manera en que se pudo ir reparando el conflicto norirlandés puede “ser útil” para resolver el que “aún existe entre la sociedad catalana y el Estado español”. Aquel pacto que firmaron los gobiernos británico e irlandés, además de la mayoría de partidos norirlandeses, “especifica que el estatus constitucional de Irlanda del Norte dependerá de la voluntad democrática de su ciudadanía”. “Una apelación al derecho de autodeterminación de los pueblos donde es la ciudadanía quien decide, de manera libre y democrática, sobre su futuro colectivo. Justamente lo mismo que nosotros queremos para Catalunya”, describe el líder de ERC.
Además, celebra que el catalanismo haya aspirado siempre al principio Catalunya, un sol poble (Catalunya, un solo pueblo), independientemente del “lugar de nacimiento o de las creencias de cada uno”, con lo que “solo la extrema derecha y los sectores que sucumben a las tentaciones más identitarias se esfuerzan” por dividir la sociedad en dos o más comunidades.