La Fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Constitucional conceda el amparo al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez frente al acuerdo de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que comunicó la retirada de su escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo.
El ministerio público ha remitido un informe al tribunal de garantías en el que apoya la postura del exdirigente de Podemos frente a la resolución del 22 de octubre de 2021 firmada por Batet, en la que se le comunicaba su sustitución como miembro del Congreso.
Según su informe, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía considera que dicha decisión vulneró el derecho fundamental de Rodríguez a permanecer en un cargo público representativo, de modo que pide que el Constitucional anule el acuerdo de la presidenta del Congreso.
Apoya que se retrotraigan las actuaciones con el objetivo de que los órganos competentes del Congreso resuelvan sobre los efectos, "en el ámbito de su competencia", de la sentencia del Supremo que condenó a Rodríguez.
No ocurre lo mismo con el segundo recurso que formuló Alberto Rodríguez, en este caso contra la sentencia del Tribunal Supremo y contra el auto en el que acordó sustituir la pena de un mes y 15 días de cárcel por una multa, pero le mantuvo la condena a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
En este caso, la Fiscalía ha informado en contra de que el TC estime el recurso de amparo del exdiputado al considerar que la pena accesoria de inhabilitación que le impuso el Supremo fue "debidamente justificada" sin que vulnerase ninguno de sus derechos fundamentales, y que "la consecuencia extrapenal de la privación del escaño queda extramuros del alcance de la citada pena accesoria".
Rodríguez había sido condenado en firme
Con relación a la decisión de Batet, el fiscal considera que la presidenta del Congreso "no parecía tener demasiado margen de maniobra -por no decir que no tenía ninguno-", dado que Rodríguez había sido condenado en firme a una pena de prisión, y la decisión que adoptó "remitía de forma explícita a la sentencia".
Sin embargo, el fiscal considera que el acuerdo adoptado por Batet incurre en un "doble automatismo" y que puede haber "margen" para otro "entendimiento de la ley".
Ahora bien, deja claro que decretar la nulidad del acuerdo de Batet no conduciría a la restitución del escaño dado que consta documentado que la Junta Electoral Central expidió la credencial de diputada a Fátima González, quien sin embargo renunció a ocupar su escaño.
Pero como Rodríguez no impugnó dicha decisión de la Junta, en ningún caso, opina la Fiscalía, podría procederse a la restitución del escaño "sin previa dilucidación" por parte de la autoridad competente "del conflicto que obviamente deriva" de la situación jurídica que se ha planteado.
El Tribunal Supremo condenó el año pasado a Rodríguez a un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa de 540 euros, por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife) y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, de 45 días. El pasado 26 de enero declaró extinguida su responsabilidad criminal.