La Fiscalía aumenta las penas de prisión para los acusados en el juicio por abusos de menores en Álava

Visto para sentencia el juicio en la Audiencia Provincial de Álava que dirime el caso de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía y delitos contra la salud pública a siete adolescentes, dos de los cuales estaban bajo la custodia de la Diputación de Álava.

Esta tarde se ha celebrado la última sesión del juicio por unos hechos que se produjeron en el año 2016, cuando las víctimas tenían entre 14 y 17 años. El proceso comenzó la semana pasada con diez acusados, de los cuales cuatro reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con las acusaciones, por el que serán condenados a penas de entre uno y 13 años de cárcel.

El resto de los seis imputados conocerán su sentencia en próximas semanas tras incrementar la Fiscalía en nueve años la petición de penas para uno de ellos, por un supuesto “delito de falso testimonio”.

En total, el Ministerio Fiscal solicitó sanciones para los seis acusados de entre 14 años y 34 años y seis meses, mientras que la acusación popular ejercida por la asociación Clara Campoamor también incrementó su demanda de condenas entre los 30 años y seis meses y hasta los 47 años y 3 meses.

Conclusiones

En la presentación de conclusiones, la fiscal aseguró que los procesados mantuvieron relaciones sexuales con los menores a cambio de dinero sin comprobar que fueran mayores de edad. “Estos señores no tomaron ni la más mínima precaución cuando tenían que cerciorarse de la edad de las víctimas”. “Y no lo hicieron, a pesar que su aspecto físico era el de unos críos”, censuró.

Carmen Cotelo evidenció que las fotografías y conversaciones incautadas de los teléfonos móviles demuestran el aspecto infantil de las víctimas, quienes, en algunos casos, hasta confirmaron por mensaje su minoría de edad. La fiscal jefa de Álava hizo hincapié en la necesidad de que el tribunal de “validez” a las pruebas fotográficas y contenido de los móviles, ya que “las víctimas no quisieron colaborar” ni “asumían su papel de víctimas” por lo que fue imprescindible realizar autos judiciales para “acceder a su contenido y encontrar la verdad”.

La asociación Clara Campoamor solicitó aumentar las penas de 7 a 12 años por el “agravante de abuso de superioridad” en los delitos de corrupción de menores y exhibición de pornografía. Por su parte, la abogada del Consejo del Menor, Olga Lajo, quiso eximir de una “hipotética responsabilidad” a la Diputación al exponer que no hizo “dejación” de los hechos y especificó que de las cuatro víctimas que han declarado, dos estaban bajo la tutela foral.

Todas las defensas pidieron la absolución de sus clientes e insistieron en que los acusados desconocían la minoría de edad de los prostituidos a través de “una página web para adultos” por lo que “no tenían conciencia de cometer un delito”. A su juicio, la acusación no ha acreditado “de ninguna de las maneras” que los inculpados conocían que sus clientes sexuales eran menores de edad. Además, defendieron como atenuantes “dilaciones indebidas” en la causa y reparación del daño.

Los abogados de la defensa reclamaron la nulidad del auto y de las pruebas documentales al haberse obtenido “de forma coercitiva” y “vulnerando los derechos fundamentales de los menores”, quienes “no quisieron denunciar los hechos”. También, criticaron las “penas desproporcionadas” pedidas por la acusación y cuestionaron el delito continuado y la responsabilidad criminal. Tras las deliberaciones finales, tomaron la palabra cuatro de los seis acusados para reafirmar su principal argumento de que desconocían que eran menores de edad.

La sesión, de más de ocho horas de duración, se inició con la declaración de los psicólogos y trabajadores sociales que elaboraron los informes periciales tras estar con las víctimas. Estos expertos aseguraron que los jóvenes “no se sintieron agredidos ni como víctimas” y “se creían que eran capaces de poner límites sobre las personas que les estaban agrediendo”.

Consideraban “tener una sensación falsa de control” porque recibían dinero y obtenían un beneficio económico. Destacaron la situación de vulnerabilidad de uno de los menores, que “no tenía capacidad para medir las consecuencias de sus actos por su edad” (15 años) y venían también derivadas de su dificultad personal y familiar, por lo que lo hacía para “conseguir dinero”. En otro caso, achacaron la utilización de “las redes sociales para explorar su sexualidad” como causa de la prostitución.

“Hay jóvenes que piensan que las redes sociales son íntimas, sin ser conscientes de que son muy públicas”. Posteriormente, tuvo conciencia de que “no era relaciones de igual a igual” y desarrolló “sentimientos de culpabilidad” por la repercusión de sus actos en sus progenitores.

Finaliza así el juicio del conocido como caso Sansoheta, una causa de más de 5.000 folios que ha necesitado seis años de compleja investigación. Ahora, será el tribunal, compuesto por los magistrados Jesús Poncela, Francisco García Romo y Elena Cabero, quienes dicten sentencia a lo largo de este mes de octubre.