La Fiscalía General del estado estadounidense de Indiana ha iniciado una investigación contra Caitlin Bernard, una médico que brindó "servicios de aborto" a una niña de 10 años que había sido violada.
"Como fiscal general, tengo el deber de investigar los asuntos que se me presentan y sobre los que tengo autoridad, especialmente cuando involucran a niños", ha dicho el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, en declaraciones recogidas por 'The Washington Post'.
La investigación sobre Bernard se produce casi cuatro semanas después de que le dijera al 'Indianapolis Star' en un artículo que un médico de Ohio la había llamado por una paciente joven que estaba embarazada de seis semanas y tres días después de una violación. La niña tuvo un aborto en una clínica de Indianápolis el 30 de junio, casi una semana después de que el Trubunal Supremo anulara Roe contra Wade, el precedente legal que permitía el aborto en el país.
Rokita ha enviado un aviso al equipo legal de Bernard informándoles sobre que la doctora se encuentra bajo investigación, ya que su cliente no habría seguido los "protocolos adecuados" para denunciar la violación y el aborto.
Sin embargo, Bernard informó del aborto tanto al Departamento de Salud de Indiana como al Departamento de Servicios Infantiles dentro del plazo requerido, y la niña había sido abusada, según los registros sanitarios consultados por la CNN.
Según la ley de Indiana, un aborto practicado a una persona menor de 16 años debe informarse al Departamento de Salud del estado y también al Departamento de Servicios Infantiles dentro de los tres días posteriores al aborto.
El pasado 3 de julio, la niña de 10 años embarazada de seis semanas tuvo que trasladarse fuera del estado de Ohio porque a finales de junio entró en vigor la prohibición del aborto a nivel estatal.
La menor tuvo que ser trasladada al estado de Indiana tras la negativa a practicar la interrupción del embarazo en su estado natal cuando el pasado lunes una ginecóloga determinó que estaba embarazada de seis semanas y tres días, según informó a principios de julio el 'Indianapolis Star Tribune.
Los sanitarios de Indiana han detectado un incremento de los pacientes procedentes de otros estados que piden la realización de abortos porque en sus lugares de origen ya está prohibido.