La Fiscalía del País Vasco alerta del incremento de los delitos contra la libertad sexual

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, alertó ayer miércoles del incremento de los delitos contra la libertad sexual, especialmente contra los menores de 16 años, que se califica de “alarmante”. Durante la presentación de la Memoria Fiscal de 2021 en el Parlamento Vasco, Adán señaló que “son víctimas muchísimo más vulnerables de lo que pudiera pensarse” porque generalmente se reconoce a los menores una “autonomía y cierta capacidad por el hecho de que están en las redes sociales, y que actualmente que tienen cierta independencia, pero realmente son muy frágiles cuando se trata de ataques contra su libertad sexual, su intimidad y su privacidad”.

Por ello, explicó que la Memoria califica de “alarmante” el aumento de los delitos contra este tipo de víctimas, porque no solo preocupa por el número, también porque “nos obligará a redimensionar el problema en los años futuros”. “La violencia sexual, como cualquier forma de violencia, es algo que afecta a la sociedad, excede a la propia víctima y tenemos que intentar, en todo caso, que salga a la luz”, defendió.

Delincuencia económica

Por otra parte, Adán destacó que “la delincuencia económica afecta no solo a los recursos públicos, sino también produce un perjuicio a los ciudadanos, incluso en el en el ánimo, porque les da sensación de desigualdad”. “Seguimos manteniendo que el dinero público exige una especial protección, de forma que en aquellos casos de subvenciones en los cuales el fraude se comete con una auténtica inexistencia de la actividad por la cual se dio la subvención y en ningún momento ha habido intención de llevarla a cabo, lo intentamos llevar adelante en los tribunales, no solo por delito de fraude en subvenciones, sino también por delito de estafa”, añadió.

Sobre los delitos contra la Administración, recodó que son delitos “complejos” que normalmente se suelen relacionar con la corrupción, e incluyen negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación.

Asimismo, afirmó que la doctrina de que la resolución ilegal solo es penal en los casos graves es “bastante insatisfactoria en la medida en que en muchos casos ni siquiera se llegan a sancionar administrativamente supuestos muy grave”. “Somos conscientes de que en la contratación pública hay un margen muy grande discrecionalidad administrativa que hace muy difícil poner en evidencia los comportamientos delictivos. Es sumamente difícil lograr probar que se ha pactado previamente la decisión de un concurso público, puesto que no basta la mera ilegalidad o la decisión de que querer excluir a la competencia”, señaló.

CONTROL DE LAS AYUDAS

Adán cree que este puede ser el momento de que las cosas cambien porque “vienen para el futuro las buenas nuevas formas de gestión de los fondos públicos” y recordó que en la tramitación de los fondos europeos se va a “incentivar la introducción de medidas antifraude”. “El riesgo de que haya fraude obliga a que se tenga que potenciar la detección, la prevención, la corrección del fraude. Hay un proceso de cambio. Hay un intento de mayor control en la gestión de los fondos públicos que obligará incluso a la suspensión de los procedimientos, a la interrupción de los pagos, y dar cuenta a la autoridad competente”, informó.

Este sentido, recordó que en junio de 2021 se decidió que la Fiscalía Europea, encargada de proteger los intereses financieros de la UE, recibirán de los jueces y fiscales de todos los territorios, los casos en los cuales se produzca el abuso de recursos públicos. Y adelantó que “en estas fechas” ha remitido un caso que “se había iniciado la investigación en este territorio, a la Fiscalía Europea para que ella, como competente, lo concluya”. En los delitos de siniestralidad laboral y en los delitos de medio ambiente, la Memoria de la Fiscalía reconoce su “incapacidad como sistema procesal obsoleto para dar respuesta a la investigación de delitos complejos”.