La Fiscalía de Asturias ha elevado de dos a tres años y medio la petición de pena para el exministro y expresidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos, por un delito continuado de apropiación indebida, tras las diligencias de investigación que abrió después de recibir en enero nueve cajas con documentación relacionada con esta causa.
La Fiscalía ha incoado además nuevas diligencias de investigación procesal para determinar si del contenido de la documentación de estas cajas pueden derivarse otros delitos de apropiación, administración desleal o corrupción en los negocios.
En la modificación de su escrito de acusación, el Ministerio Público considera también que el impulsor de Foro Asturias habría cargado a su patrimonio y para gastos personales 181.648 euros, frente a los 7.793 que había calculado inicialmente.
La Audiencia Provincial de Oviedo tenía reservados los días 31 de mayo y 1 de junio para juzgar por esta causa al impulsor de Foro Asturias y exsecretario general del PP, pero ha sido suspendido sin que se hayan dado a conocer nuevas fechas para su celebración.
La Fiscalía recibió el 30 de enero un oficio del fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada acompañado de la documentación de las nueve cajas depositadas por un particular en una fundación, a la que se no se identificó, y en las que figuraban escrituras públicas, innumerables facturas y contratos de alquiler.
NUEVAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
La documentación de las cajas fue ordenada y agrupada en varios apartados por referirse a hechos distintos, y por lo tanto susceptibles de estudio y respuesta diferenciada, y con ella la Fiscalía abrió tres diligencias de investigación, una de ellas de carácter auxiliar que ha sido la que ha propiciado la modificación de su escrito de conclusiones provisionales.
Unas segundas diligencias de investigación están aún en trámite para determinar si de esa documentación pueden deducirse nuevos delitos, mientras que las terceras, de carácter preprocesal, han sido archivadas por referirse a hechos que ya han prescrito.
GASTOS EN FORO
Según la Fiscalía, Álvarez-Cascos mantuvo como máximo responsable de Foro, que ejerce la acusación particular, un sistema de pagos del que se valió para cargar gastos no relacionados con su actividad política y de los que se benefició personalmente y su familia.
Entre mayo de 2011 y octubre de 2016, el Ministerio Público considera que cargó 7.793 euros para pagar a un procurador por un caso previo a la constitución de Foro, pagar desplazamientos, gastos de hotel y restaurantes, pedidos de comida a domicilio, un juego de videoconsola, billetes de AVE, entradas para la Copa Davis y para museos de Madrid, así como una cama completa, una moqueta, tapicería y visillos.
La Fiscalía considera también que Álvarez-Cascos gestionaba de facto una sociedad constituida por su esposa que utilizó para formalizar en septiembre de 2012, "a escondidas de la comisión directiva de su partido", un contrato de arrendamiento ficticio de arrendamiento de una oficina en un inmueble de su propiedad situado en el paseo de la Castellana por 2.404 euros al mes, más 225 por una plaza de garaje.
Cuatro meses después repitió la operación con otro despacho y dos plazas de garaje por más de 4.000 euros mensuales, contrato que estuvo en vigor hasta finales de 2014.
"Frutos de estos contratos ficticios, Foro abonó 173.855 euros", cantidad que sumada a los 7.793 euros que empleó para gastos personales, es la que la Fiscalía considera que el expresidente y exministro defraudó y que constituyen un delito continuado de apropiación indebida por el que pide tres años y seis meses de prisión.
OBRAS DE ARTE
La Fiscalía abrió en marzo diligencias para investigar si los pagos periódicos regulares realizados por dos empresas dedicadas a actividades relacionadas con el mundo del arte y propiedad de la exesposa de Álvarez-Cascos -"aunque la gestión y dirección efectivas parecían ser ejercidas por él"- no respondieran a una prestación real y efectiva de servicios.
No obstante, mantiene en su escrito que es prematuro hacer imputaciones sobre estos hechos sin tener confirmada de manera fehaciente la existencia de indicios delictivos.
La Fiscalía sí ha archivado las diligencias abiertas por posibles delitos de cohecho, corrupción en los negocios o administración desleal por la venta de obras de arte a empresas constructoras adjudicatarias de obras del Ministerio de Fomento en la etapa en que lo dirigía Álvarez-Cascos, y por la facturación de servicios a administraciones públicas.
Aunque no existe duda racional de que las ventas de obras al ministerio fueron reales, tuvieron lugar entre los años 2004 y 2006 y, por lo tanto, no podrían ser objeto de consideración como posible cohecho, como tampoco otras actividades que podrían ser objeto de corrupción en los negocios, pero que prescriben a los diez años.