La Fiscalía Europea contra el Fraude ha anunciado este martes que ha archivado el caso sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros, en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Se ha archivado el procedimiento por no concurrir indicios suficientes de la comisión de un delito", informa la Fiscalía Europea contra el Fraude en un comunicado, en el que señala que la decisión se tomó con el acuerdo de la representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, que también fue la exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel.
"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", señala la Fiscalía Europea.
Durante el proceso de la investigación, los fiscales nacionales asignados a esta institución comunitaria han tomado declaraciones, analizado y comprobado documentación, chequeado la autenticidad de las fotografías de las mascarillas entregadas, recabado informes de la Guardia Civil, trabajado con un perito y requerido información a la Agencia Tributaria o el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS).
Este caso abrió en la primavera de 2022 una fractura entre la Fiscalía General del Estado español y la Europea, que se disputaban la competencia sobre esta investigación: la fiscal general del Estado decidió que la Fiscalía Anticorrupción investigase el contrato en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea, que las reclamaba.
Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea considera que tiene una "competencia preferente" para investigar "todos los delitos relacionados" con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamaba el caso para evitar "duplicidades".
La Fiscalía Europea solicitaba la investigación del caso ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato, por el que el hermano de Ayuso cobró 55.000 euros, y finalmente mantuvo su investigación sobre los hechos que afectan a los intereses financieros de la UE pero no sobre los hechos que atañen al funcionamiento de la administración publica española.