La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) ha asumido finalmente la investigación judicial de las denuncias sobre la compra de equipos médicos, incluidas mascarillas protectoras, durante la pandemia de covid, informó este jueves ese organismo. Se trata del llamo 'caso Koldo', por el nombre de Koldo García, el que fuera asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Tras solicitar información al juez al comprobar que uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea ha acordado asumir toda la causa y "así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", según informa en un comunicado enviado por la Fiscalía Europea, que califica esta investigación de "altísimo interés público" y añade que "no se harán públicos más detalles".
Fuentes jurídicas explican que en caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del 'caso Koldo', se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo.
El presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas conocido como "caso Koldo" afecta a partidas de dos fondos europeos que movilizaron en total 17,8 millones de euros, según han trasladado las autoridades españolas a la Comisión Europea.
El pasado marzo, un portavoz confirmó a EFE que se trata, en concreto, de 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de otros 3,1 millones que forman parte del Fondo europeo de Solidaridad.
Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE.
Siempre que exista una sospecha de que se ha defraudado o se está defraudando el presupuesto de la UE, ya sea en lo que respecta a los ingresos o a los gastos, las autoridades nacionales, así como todas las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE, tienen la obligación legal de informarlo a la Fiscalía Europea sin demora. Los ciudadanos de la UE también pueden denunciar un delito directamente a la Fiscalía Europea.
En cada caso, la EPPO evalúa exhaustivamente si los hechos denunciados podrían constituir un delito bajo su jurisdicción y si la información presentada es suficiente para justificar la apertura de una investigación.
Por tanto, si los delitos penales relacionados con los hechos denunciados caen dentro de la competencia de la Fiscalía Europea, ésta debe abrir y llevar a cabo una investigación sin demoras indebidas.