La Fiscalía Europea ha reclamado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, una parte de la investigación abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se trata de todo lo que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.
Este movimiento se produce después de que la semana pasada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionados con la investigación por orden de la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés).
En abril ya se interesó
Cabe recordar que el pasado 26 de abril este órgano comunitario se interesó por la causa y preguntó a Peinado, el juez que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez, si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En ese decreto de 26 de abril, la EPPO pidió al juez que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento “estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley”, integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea “podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia” para investigar dichos contratos si así lo estimaban pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.
En una providencia, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban “procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next -sociedad del Grupo Barrabés-, SLU Escuela de Negocios, y The Valley”.
Ante la petición de la EPPO, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque no se pronunció sobre la competencia de la investigación sobre los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que debía determinarlo, como así ha hecho este ahora.
En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía Europea reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital –dos de ellos destinados a jóvenes y uno a personas desempleadas–.
Además, anunció que, “una vez identificados los proyectos anteriores”, debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo para que le remita información de si dichos contratos “habían sido financiados con fondos europeos”.
Desde que la Fiscalía Europea dictara dicho decreto, el juez de Madrid que admitió la denuncia ha ordenado varias diligencias, incluida la citación como investigada de la propia Begoña Gómez para el 5 de julio y las declaraciones como testigos de varios cargos de Red.es para el 16 de junio. También constaba que ha abierto una pieza separada.
Este nuevo decreto de avocación parcial que dicta la Fiscalía Europea para que se transfiera parte del procedimiento puede afectar a las comparecencias programadas. Y esto es así porque una vez anunciada la avocación, el juez instructor pierde su potestad sobre lo que se queda la EPPO y por tanto no podría preguntar sobre esos contratos ni a los testigos de Red.es citados para el 16 de junio ni a Begoña Gómez.