La formación jeltzale de Mundaka, que presentó y certificó una moción de censura contra Mikel Bilbao en octubre del pasado año, ve cómo quedan sin recorrido las "numerosas denuncias" efectuadas por Bilbao, que ha realizado "públicamente acusaciones muy graves".
Ahora, estas quedan en agua de borrajas. "Cabe destacar que todas esas acciones legales iniciadas por Bilbao han sido archivas o desestimadas por los diferentes estamentos jurídicos ante los que las ha interpuesto. Únicamente han servido para causar daño a las arcas municipales, y a la imagen de EAJ-PNV y sus representantes", han certificado mediante una nota pública.
La historia viene de lejos. Y es que desde el minuto uno de la legislatura quedó patente la nula sintonía entre Bilbao, independiente fichado como número uno en la lista jeltzale en las elecciones municipales de 2019, y su grupo de gobierno. Formado por 6 concejales frente a tres de EH Bildu y, por lo tanto, administrando la localidad costera con una cómoda mayoría absoluta, las cosas se torcieron rápidamente.
Y el PNV activó una moción de censura, no sin dificultades en el camino, que incluso tuvo que ser validada incluso por el Tribunal Supremo previo paso por la Audiencia Provincial de Bizkaia y el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (TSJPV). Lo hizo finalmente el pasado año, despojando a Bilbao la makila de alcalde.
Y el último episodio de la pugna ha llegado el pasado 14 de marzo tuvo entrada en el Ayuntamiento de Mundaka una notificación de la Fiscalía que no ve indicios de delito en dos cuestiones concretas: la operación sobre la parcela de Basamortu y la contratación de un asesor jurídico.
En la sesión plenaria de esta mañana, la ahora alcaldesa Irati Gondra quiso leer el pronunciamiento del Ministerio Público contra algunas de las tesis mantenidas por Bilbao durante estos años. En concreto, en relación a la operación urbanística de Basamortu, una permuta realizada para lograr así los terrenos donde se asienta Lamia eta Atorren parkea, el pronunciamiento de la Justicia considera que "de las diligencias practicadas se desprende que la permuta se escogió en su momento como sistema de enajenación adecuado para deshacer el proindiviso generado tras la reparcelación de la unidad, manejando unos valores muy próximos a los finalmente aceptados, y no como mecanismo de defraudación al ayuntamiento".
Es decir, que el cambio de terrenos no fue una acción defraudatoria, tal y como señaló públicamente Bilbao, que llegó a denunciar la ilegalidad que a su juicio se estaba ejecutando. Y en relación a la contratación de un asesor jurídico, "la Fiscalía resuelve, literalmente, que escuchada la conversación -que aportó el exalcalde-, se concluye que de la misma no se desprende que (...) introduzca en la motivación del señor Bilbao elementos ajenos a los intereses públicos y que la finalidad sea generar un beneficio económico al (asesor)".
El PNV estima que las grabaciones aportadas por Bilbao a la Fiscalía -que en ningún momento obtuvo el permiso de sus interlocutores para sus conversaciones-, que son calificadas por la formación política de "especial gravedad", no prueban las supuestas irregularidades denunciadas por el exalcalde. "Nada más lejos de la realidad", señalan los jeltzales mundakarras.
"Esas grabaciones sólo han servido para reforzar la postura de la Fiscalía por la que ha archivado la causa", según han explicado. Es más, la alcaldesa de Mundaka adelanta que el expediente de Basamortu sigue su curso y las obras de urbanización comenzarán "cuanto antes. Firmamos en unos diez días en notaria, después viene la licencia de obra. Seguimos trabajando".
"En el proceso hemos conseguido 250.000 euros más para invertir en la localidad. Hemos dado pasos grandes en apenas siete meses" cuando "este asunto se venía demorando demasiado tiempo". Por su parte, Bilbao se reafirmó en que resultaba necesario realizar una tasación oficial del terreno de Basamortu.