La fiscalía no ve "prevaricación" en la retirada de una menor a su madre por parte de la Diputación

El juicio en el que se han sentado en el banquillo al actual diputado de Acción Social, Sergio Murillo y tres trajadoras del Servicio de Infancia imputados por "prevaricación administrativa", "un delito de maltrato" y "dos delitos de lesiones psíquicas" ha quedado visto para sentencia. La fiscal, Rosario Ramírez en sus conclusiones ha mantenido que no existió "prevaricación" en la actuación de los cuatro representantes forales por retirar, en agosto de 2027, la niña de cuatro años a su madre. La representante del Estado explicó que durante el juicio que se ha desarrollado en la Audiencia de Bizkaia no ha quedado probado que la institución foral "obrase de mala fe" y que tuviese intención "alguna de quitar la custodia de la menor a su madre". Ramírez ha argumentado que ha quedado constatado que se intentó restablecer la relación de ambos progenitores por el bien de la niña, pero que fue imposible llevarlo a cabo porque "lo impedía" la madre.

La defensa de los cuatro trabajadores forales también ha pedido la libre absolución de los imputados alegando que su labor era la de única y exclusivamente proteger a una niña y que se tomó la decisión en base a informes de profesionales que avalaban que la niña se encontraba en una situación de "desprotección grave". Así ha basado su argumento alegando que la niña tenía con anterioridad a la orden foral diagnósticos previos derivados de la alta conflictividad que vivía en el seno de la familia.

La letrada de la defensa, además ha concretado que la institución foral tomó la decisión de asumir la custodia provisional y dársela al padre como la opción "menos traumática" para una niña de tan corta edad en base a un informe de una trabajadora social acusada en esta causa, que argumentaba "una alienación marental", por la que la niña rechazaba a su padre. Ha dicho, además, que con este juicio se está cuestionando la labor que realizan a diario todos los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Infancia de la Diputación dedicados a la protección de menores. "¿Qué consecuencias hubiese tenido para la menor si no se habría tomado alguna medida?", ha añadido la letrada.

"CONTINUIDAD DELECTIVA"

Por su parte, el abogado de la acusación particular ha dicho que ha quedado probado "la continuidad delictiva" y el daño que el "arrebatamiento" ha producido tanto en la menor como en la madre. En la presentación de las conclusiones ha insistido en su recusación de la Sala al estimar que se ha vulnerado el derecho constitucional a un juez imparcial y a un juicio justo y ha estimado acreditado la prevaricación continuada porque los acusados adoptaron una resolución en contra de una sentencia firme de custodia compartida, sin haberlo comunicado previamente al juez, ni a la Fiscalía, y la mantuvieron tres años "de manera impermeable al derecho y les dio igual incumplir la ley". Para la acusación, mantener a la madre prácticamente desvinculada de su hija durante más de tres años, sin aceptar pernoctas ni vacaciones con su hija es "una tortura" y evidencia que hay "continuidad delictiva".

DAÑO PSICOLÓGICO

La psicóloga clínica Sonia Emilia Vaccaro ha declarado como perito sobre el daño psicológico de Costumero y ha expuesto que es una mujer víctima de violencia machista, "devastada" por la separación de su hija y "no hay razón empírica" que justifique "la crueldad" de esa medida. Ha dicho que la madre en el mismo mes de agosto cuando le quitaron a su hija pidió su ayuda profesional para que la evaluara. "Ella me pidió que le hiciera un estudio para conocer si tenía alguna culpa de lo que le había sucedido y si realmente era una mala influencia para su hija". Por su parte, según Dolores Serrat, que ha intervenido como médico forense y psiquiatra, ha negado la supuesta mala influencia de la madre y ha destacado que "después de cuatro años de convivencia exclusiva con el padre, la niña está peor". La pequeña ha aceptado que debe vivir con él, pero su apego afectivo sigue estando con la madre.

Durante el juicio la Ertzaintza relató que el momento en el que la Diputación retiró la niña a su madre se produjo "sin incidentes" y que la menor solo lloró al principio y que después se fue "tranquila" de las manitas de la trabajadora social. Sin embargo, la acusación particular ha presentado en la última sesión del juicio un audio que se ha escuchado en la sala en el que la niño llora y grita desconsoladamente mientras reclama a su madre.