La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se abra juicio oral contra el expresidente del BBVA Francisco González, la propia entidad y otras once personas por cohecho y revelación de secretos en relación con la contratación por parte del banco de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo.
Anticorrupción insta al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a iniciar procedimiento oral contra dichas personas físicas, entre las que figura un agente de la Policía Nacional, al considerar probada la existencia de "delitos relacionados con la contratación de empresas vinculadas al excomisario".
Anticorrupción considera probado que el BBVA, "con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González", contrató en 2002 al excomisario de policía Julio Corrochano, lo que "permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía", entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
Se trata de la operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.
A mediados de 2019 acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González, en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco.
Anticorrupción incluye entre los que deben sentarse en el banquillo al ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.
Asimismo, incluye al propio Villarejo y a su socio, Rafael Redondo.
Según sostiene Anticorrupcion, Corrochano conocía la "doble actividad de su amigo y Compañero Villarejo a través del Grupo Cenyt", -en referencia a las labores de seguimiento que realizaba para distintas empresas, de donde deriva el delito de cohecho, al estar ambos en activo en la Policía Nacional.
Entre ambos habrían hecho "un uso fraudulento de las posibilidades que les otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía" para poner en práctica "una estructura empresarial con la cual lucrarse", gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y bases reservadas de datos de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
El actual presidente del banco, Carlos Torres Vila, declaró como testigo el pasado mes de octubre, y aseguró que no intervino en modo alguno en la contratación, cuyos detalles conoció por la prensa.
Anticorrupción afea al BBVA que, "más allá de la letra de la normativa", lo que la dirección del banco implantó "fue la de la obediencia directa a sus dictados", amparando comportamientos contrarios a cualquier código ético, entre las que incluye "indicaciones de Francisco González sobre asuntos personales".
El escrito destaca también que no sólo las labores de investigación y seguimiento que realizó Cenyt para el banco eran irregulares, sino que la contratación no cumplía con los estándares del banco.