La Fiscalía pide al Tribunal Supremo amnistiar todos los delitos del 'procés' y retirar la orden de arresto a Puigdemont

La Fiscalía ha pedido este miércoles al Tribunal Supremo que levante la orden de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el "procés".

En sendos informes, el ministerio público solicita formalmente al alto tribunal que aplique la ley de amnistía íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.

Los informes los firman la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de sala jefe de lo Penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, después de que los cuatro fiscales del "procés", partidarios de no perdonar la malversación, se retirasen del caso tras chocar contra el criterio del fiscal general del Estado, que aboga por aplicar la amnistía.

Tras un profundo debate en el seno de la carrera, finalmente salió adelante la tesis del fiscal general, defendida por estos dos altos cargos, que piden al Supremo que decrete el archivo de una causa que se remonta a 2017 para todos los líderes soberanistas implicados, declare extinguida las penas de inhabilitación aún vigentes -para Junqueras, hasta 2031-, y elimine los antecedentes penales.

Amnistía por las cargas del 1-O

La Fiscalía ha pedido también que se amnistíe al medio centenar de policías nacionales investigados por las cargas en el referéndum del 1-O en Barcelona, al concluir que no incurrieron en delitos de discriminación o contra la integridad moral lo suficientemente graves para ser excluidos de la ley.

En un informe de apenas una página, el ministerio público ha pedido al titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona que aplique la ley amnistía a los policías procesados, a quienes se acusaba de delitos de lesiones y contra la integridad moral por las cargas para impedir el referéndum.