La Fiscalía pide aplicar la amnistía a Puigdemont ya que no hubo enriquecimiento personal

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La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont al manifestar que "no se emplearon fondos europeos" ni hubo enriquecimiento personal, como sostiene el juez Pablo Llarena.

Lo ha hecho en una vista pública para revisar los recursos del expresident y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión de Llarena que rechazó perdonarles el delito de malversación y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. A esta tesis se han sumado también la Abogacía del Estado y los letrados de los procesados. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha pedido estimar los recursos.

En su opinión, "decir que los actos fueron conducidos a obtener un beneficio patrimonial es cuando menos sorprendente" porque "nadie dijo que fuera encaminado" a ello. Además, en contra del criterio del juez y de la Sala, "no han sido empleados fondos europeos de la UE" y "no se ha producido merma alguna en el presupuesto europeo", que era otro de los argumentos para no aplicar la amnistía a los líderes del proces, ya que "los fondos pertenecían exclusivamente a la Generalitat y esto está acreditado".

Sucesión de recursos

La vista tiene lugar después de que el pasado julio Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros. Las defensas recurrieron aquella decisión en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura dos meses después, en septiembre. Finalmente, presentaron un nuevo recurso, que han defendido este lunes.

El abogado de Puigdemont, Gozalo Boye, ha defendido que el Supremo no es competente para aplicar la Ley de Amnistía a los procesados del 'procés'. "Sin lugar a duda tenemos razón", ha dicho. A su juicio, "esta facultad y deber de aplicación de la ley corresponde al TSJ de Catalunya y no a la Sala Segunda del Supremo, (...) porque Puigdemont fue elegido diputado de Catalunya". Al hilo, el letrado ha señalado que "a estas alturas no es necesario entrar en un gran debate sobre la aplicación o inaplicación de la Ley de Amnistía". "Podemos acogernos al voto particular de Ana Ferrer, que explica por qué esta ley debe ser aplicada", ha añadido. Con todo, ha incidido en que cualquier decisión que adopte el Supremo "conllevaría la vulneración del juez preestablecido por la ley", porque debería pronunciarse el TSJ catalán.