Los cuatro trabajadores del Servicio de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia imputados por, presuntamente "arrebatar" de manera "violenta" a su madre, alegan que "la retirada de la custodia de la menor" se basó en los informes técnicos sobre supuestos malos tratos psicólogicos: Si hubíeramos tenido alguna duda de que la mejor opción era no no dársela al padre, la niña se habría quedado bajo la tutela foral", han eplicado en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia provincial de Bizkaia. El Ministerio Fiscal pide la libre absolución de los cuatro imputados en el juicio por la guarda de una menor que ha comenzado hoy y que se prolongará este martes y miércoles.
El tribunal deberá dictaminar sobre si los acusados separaron a una hija de su madre a sabiendas de que no estaban actuando correctamente y si son, además, responsables de su sufrimiento.
La defensa solicita la libre absolución de los imputados en base al desarrollo de los hechos y fijando en todo momento como prioridad el bienestar de la menor que se encontraba en una "situación de desprotección".
El juicio ha comenzado con la
declaración los cuatro imputados del servicio de Infancia de la Diputación. A preguntas de la Fiscalía, han asegurado que el caso fue
derivado desde el juzgado de Barakaldo y que la decisión de que la niña estuviera con su padre tenía como único fin la
protección de la menor y estaba avalado por informes psicológicos, en los que se advertía de que se encontraba en un
"riesgo grave" y había que revertir la situación. Los trabajadores sociales acusados han defendido la legalidad de sus actuaciones y han asegurado que en agosto de 2017 firmaron al orden para retirar provisionalmente la custodia compartida que había dictado un juez en 2013 y asumirla como institución.
Entonces acordaron que la niña viviera con el padre, convencidos de que era lo mejor para la menor porque la madre no estaba dando "un trato adecuado a su hija" y que esa situación le podía causar "un daño psicológico en el futuro". Por contra, han asegurado que el padre siempre estaba dispuesto a colaborar.
La decisión pasó por diferentes filtros y fue analizado en una comisión. Todos han coincidido al asegurar que la madre asumía sobre su hija un control que perjudicaba a la menor y que no había ningún indicio de que el padre no era capaz de cuidar a su hija; en todo momento, han explicado, solicitaron la colaboración de la madre porque consideraban que su participación era importante en el proceso.
"URGÍA TOMAR MEDIDAS"
Sin embargo, a pesar de que la Diputación fijó un plan de intermediación familiar terapéutico la madre no lo facilitaba. " En el servicio teníamos a un padre dispuesto a colaborar y una madre que no. Por eso urgía tomar medidas para frenar el daño psicológico que la niña llevaba sufriendo desde hacía años y revertir la situación", han afirmado. "La madre tenía una relación simbiótica con la niña y era incapaz de separarse de ella, lo que generaba en la menor inseguridades que podrían derivar en problemas psicológicos".
La decisión de la guarda de la menor, ha proseguido, se toma en equipo y se opta por entregar al padre, "que estaba capacitado para hacerlo". " Teníamos una niña dañada, en una situación grave de des protección.Y lo mejor para la menor era estar con el padre y no en un centro o en una familia de acogida".
A preguntas de la defensa, de si en algún momento se planteó separar a la niña de su madre, los imputados han sido rotundos. " Absolutamente no. El objetivo era retomar la relación entre los progenitores en beneficio siempre de la niña".
Una vez que esta pasó a convivir con su padre, en agosto de 2017,
el seguimiento que se realizó desde Infancia concluyó que la niña estaba bien, tanto a nivel de salud como escolar.
Costumero afirma que le "arrancaron de manera violenta" a su hija sobre un "inexistente" síndrome, "sin haber preguntado a la niña por qué no quería ir con su padre". Ha recordado que salió "huyendo" con su hija tras haber denunciado al padre por malos tratos y que, si bien el procedimiento fue sobreseído, ha respondido a la fiscal, que en este caso se ha alineado con la defensa de la Diputación y ha reiterado sus preguntas a los testigos sobre la labor de la denunciante como madre.
La denunciante ha contado además que el padre "secuestró" a la niña cuando tenía 21 meses y la mantuvo "en paradero desconocido" durante meses en los que no supo "si estaba viva o muerta" y ha recordado que Osakidetza inició en tres procedimientos de malos tratos del padre contra la menor, "si bien el juez entendió que las lesiones no eran tan graves como para que no volviera con él".
Por su parte, la
madre de la menor, Irune Costumero, ha defendido que "
no he hecho nada para que su hija estuviese con su padre". Ha descrito los episodios en los que la niña insistía que no quería estar con su padre porque tenía miedo. "
Íbamos a los puntos de encuentros y mi hija no quería ir con su padre. Los asistentes sociales me decían que la niña tenía que irse bien y yo hacía lo posible para que la niña se fuera bien".
Costumero ha dicho que no se le olvida aquel 4 de agosto de 2017. "La niña no quería ir con su padre, gritaba y la educadora la levantó en volandas para llevársela", ha relatado. La abuela de la menor ha dicho que la pequeña llegaba con moratones y decía que su padre le pegaba. "Esto es un sufrimiento. En cuatro años no hemos podido estar con la niña".
DERIVADO DEL JUZGADO
febrero de 2017juzgado de BarakaldoEn agosto de 2017 se firma la orden foral por la que la Diputación –tras las conclusiones del servicio de infancia en el que observa la grave situación de riesgo en la que se encuentra la menor– asume la guarda provisional de la menor, y autoriza la estancia con el padre y régimen de visitas con la madre. Un día más tarde, según concretan fuentes forales, notifican la orden foral al juzgado, al padre y a la Fiscalía. La decisión no es rechazada por el juzgado que continúa su curso.
La madre, por su parte, denuncia que la Diputación le quitó a su hija de manera "violenta" e "ilegítima".
En la entrada al Palacio de Justicia se han concentrado medio centenar de personas, entre ellos trabajadores y trabajadoras del servicio de Infancia para arropar y mostrar su apoyo a sus compañeras. También la asociación feminista de Arratia en apoyo a la madre.
La acusación solicita para los acusados 5 años, ocho meses y un día de prisión, además de 15 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Mientras que la Fiscalía pide la libre absolución de los cuatro acusados.