La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido un informe al Defensor del Pueblo en el que plantea su participación en la Comisión de Investigación que lidera Ángel Gabilondo sobre abusos en el seno de la Iglesia Católica en España, al tiempo que considera de "escasa utilidad" la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho Cremades & Calvo Sotelo.
"Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad, las auditorías o investigaciones parciales encomendadas por parte de la Iglesia a despachos de juristas privados, donde las víctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiere a ellas con el término "afectados", señala el informe adelantado por 'El País' y al que ha tenido acceso Europa Press.
A juicio de la Fiscalía, la desconfianza que despierta esta investigación en las víctimas les impide tramitar su denuncia con unas "garantías mínimas o serias" de que se pueda llevar a trámite. En este sentido, alude a la "situación de ocultamiento, minimización de los abusos sexuales por las congregaciones religiosas y, en general, a la existencia de la victimización secundaria. Además, plantea una reforma de las normas sobre prescripción de la responsabilidad civil, lo que permitiría que respondieran las instituciones con independencia de que el delito penal hubiese prescrito.
Fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo han confirmado a Europa Press la recepción de este informe y recuerdan que el Ministerio Fiscal ya había iniciado trabajos desde principios de años al respecto al ordenar a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitiesen las denuncias y querellas referidos a abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia). Sin embargo, la propia Fiscalía señala en el documento que no se puede tener conocimiento de los expedientes abiertos y tramitados por el derecho canónico, ya que constan en archivos secretos y a los que no se puede acceder.
La institución que dirige Gabilondo entiende que la información de la Fiscalía le puede ser útil en su investigación. Respecto a la petición de formar parte de esta Comisión, el Defensor se limita a responder que informarán en su momento sobre la composición de la misma.
En su informe, la FGE considera que la presencia del Ministerio Fiscal en la comisión es esencial para dotarla de realidad institucional y poder aportar los criterios jurídicos que en cada caso sean necesarios para buscar una respuesta eficaz. "A las víctimas le da confianza que el equipo de expertos sea multidisciplinar e independiente", añade.
En todo caso, precisa que Ministerio Fiscal formaría parte de esa comisión no en calidad de acusador público ni para determinar hechos concretos, sino para proteger a la víctima y promover los mecanismos necesarios para que reciba la asistencia necesaria.
Pero, además, propone que se lleve a cabo una regulación normativa para esclarecer la tramitación de los casos a los que deba enfrentarse la comisión y plantea como referencia el borrador de ley de Navarra u otras leyes aprobadas en el País Vasco para el reconocimiento de otro tipo de víctimas.
"Se podría crear un procedimiento administrativo para que reconociera el nexo causal entre unos hechos y un daño. Y una vez reconocido éste poder pasar a la reparación con todas las opciones que se pudieran ofrecer en el caso concreto. Con ello se daría a las victimas más alternativas y se las haría protagonistas del conflicto y de la reparación", argumenta.
Y ello porque, a su juicio, el derecho penal puede quedar limitado para dar una respuesta eficaz a todos los casos de agresiones o abusos sexuales en el ámbito de una congregación religiosa.
Justicia restaurativa
Por ello, plantea acudir a herramientas como las que proporciona la justicia restaurativa para poder avanzar y ofrecer a la víctima que así lo solicite vías adecuadas para que se sienta reparada.
Además, recomienda la creación de oficinas de asistencia a las víctimas para ofrecer información sobre la ley que se promulgue y los mecanismos pertinentes de reparación, así como los administrativos y judiciales que, en su caso, pudieran iniciar, procedimientos internacionales, posible intermediación u orientación.
Por otro lado, la Fiscalía recomienda la revisión de protocolos existentes sobre prevención de abusos en el seno de las instituciones religiosas, con el objetivo de mejorar la prevención y de facilitar al máximo que los hechos sean comunicados a la Fiscalía para que puedan ser investigados de forma detallada.
"El problema de los abusos y agresiones sexuales en el ámbito de una congregación religiosa no finaliza con dar una respuesta al hecho delictivo que ha sido denunciado y acreditado. Es necesario impulsar otras iniciativas que permitan detectar los casos que hayan podido ocurrir en otros momentos históricos, acudiendo a mecanismos distintos al judicial para poder escuchar y reparar a las víctimas y velar por la prevención de estas conductas", subraya la Fiscalía que cita referentes internacionales como los mecanismos iniciados en Chile, Alemania, Austria, Portugal, Bélgica Francia o Países Bajos.
A nivel nacional, la Fiscalía considera que pueden ser referentes para la Comisión del Defensor la creada para otro tipo de víctimas en el País Vasco o las de abusos puestas en marcha por Navarra y Cataluña.
"La institución que usted dirige puede desempeñar un gran papel impulsando, recomendando e instando la participación de los poderes públicos para promover un reconocimiento institucional y social de las víctimas favoreciendo su visibilización y su satisfacción moral", concluye el documento, de 26 páginas, fechado el pasado 17 de mayo y firmado por el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la FGE, en le que se reitera el "firme compromiso" de la FGE para colaborar de forma activa en cada iniciativa que se ponga en marcha.