La Fiscalía vasca, "muy en alerta" por el aumento de la pornografía infantil

La Fiscalía Superior del País Vasco está "muy en alerta" por el aumento del uso de menores y discapacitados en prácticas de prostitución y pornografía, y ha advertido de que no siempre se denuncia el engaño o la intimidación a menores para que proporcionen imágenes pornográficas por las redes sociales.

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha comparecido en el Parlamento para presentar la memoria de actividades de la Fiscalía correspondiente al pasado año en la que se observa una bajada de un 8 % en los procedimientos incoados con respecto a 2019, un hecho que ha vinculado con el confinamiento y la paralización de los tribunales por la covid.

La fiscal superior ha puesto sin embargo el foco en el aumento de los delitos vinculados con internet, un hecho marcado también por la covid que ha supuesto un "antes y un después" en relación con la criminalidad informática.

En este sentido ha reconocido que en 2020 prácticamente se doblaron las estafas informáticas de años anteriores y también ha indicado que la forma habitual de cometer delitos de corrupción de menores es a través de las redes sociales.

Ha reconocido que están "muy alerta" por el aumento de los delitos de utilización de menores y discapacitados en prácticas de prostitución y pornografía.

Ha añadido que "llama la atención" que el engaño, la intimidación o la amenaza para que los menores proporcionen por redes sociales imágenes pornográficas "siga siendo un delito que no siempre se denuncia", a pesar de que su calificación por el Tribunal Supremo como agresión sexual es "algo consolidado".

Urge por tanto a su juicio actuar en prevención sobre el acoso y hostigamiento entre menores, especialmente con el repunte que se ha observado en delitos de este tipo a través de las redes sociales.

"Hablar de menores es hablar de futuro", ha afirmado Adán, quien ha subrayado que la situación es "preocupante" porque lo que se conoce es "solo una parte", y ha indicado que la Justicia no tiene la "varita mágica" pero puede servir de "alerta" para que las administraciones puedan trabajar en prevención.

Sobre los delitos de violencia de género y doméstica, Adán ha explicado que el descenso observado en la actividad judicial vinculada con esta materia no tiene una relación "real" con la disminución de los mismos y que "lamentablemente" en la actualidad se vuelve a porcentajes que preocupan. "Hemos visto a víctimas que viven en un estado de agresión permanente", ha descrito Adán.

Lo deseable sería que las víctimas de maltrato no tuvieran que pasar por todo el "filtro" del proceso judicial, ha dicho Adán, pero ha recordado que el Tribunal Supremo exige "credibilidad" y "nadie por el hecho de ser víctima tiene que tener una mayor valoración de su testimonio".

Otra cosa es cómo tienen que ser las condiciones en que declaren, ya que cree que en esto hay que "echar el resto" y "facilitar" que se sientan cómodas.

La fiscal superior ha hablado de otro tipo de delitos, como la siniestralidad laboral, que ha registrado un aumento vinculado principalmente con la covid y sus riesgos y no tanto por un aumento de accidentes laborales. Durante la pandemia también se ha producido un aumento de los delitos de desobediencia a las fuerzas de seguridad y casos de personal sanitario que accede a historias clínicas de personas que no trata.

La fiscal superior ha reconocido por otro lado que "año tras año" denuncia la falta de personal y medios en la Fiscalía y ha citado los problemas que tienen con las aplicaciones informáticas judiciales.

Adán ha reclamado por último una mejora en la actual dispersión de sedes, especialmente en Bizkaia, donde ha dicho que el edificio en el que se prevé aglutinar las dependencias del Ministerio Fiscal no tiene cabida para todas las plazas existentes en el territorio.