La fiscalidad y la soberanía de las haciendas forales abren una brecha entre PNV y Bildu

Actualizado hace 10 minutos

En este año 2025, la política vasca se adentra en un nuevo ejercicio muy marcado por las expectativas que se han generado en materia de acuerdos. Se esperan los resultados de la mesa para el pacto sanitario y el foro de urbanismo, y se han mantenido contactos discretos para ampliar el autogobierno 45 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika. La disposición del Gobierno vasco de PNV y PSE a ampliar los consensos a pesar de su mayoría absoluta, así como el aparente giro de EH Bildu hacia una política más institucional y pragmática, al menos sobre el papel, invitaban a pensar que podrían cuajar alianzas nunca vistas hasta la fecha. Sin embargo, EH Bildu aspira a escenificar su alternativa y está combinando los acuerdos con los desacuerdos, seleccionando qué espacios se reserva para marcar perfil, lo que también pone límites a las opciones de acercamiento.

Tras el desengaño de la negociación presupuestaria fallida con EH Bildu, el año ha comenzado con otros dos desencuentros en asuntos nucleares. Son cuestiones que afectan, por un lado, a la recaudación de impuestos. Ha rechazado la propuesta de reforma o revisión fiscal de PNV y PSE y, en su intento de identificar al PNV con la derecha, reduce su propuesta a un catálogo de deducciones y le invita a pactarla con el PP para sacarla adelante en Gipuzkoa y Araba. Ahí, PNV y PSE están en minoría. Por otro lado, también hay desacuerdos sobre la arquitectura institucional del país, ya que EH Bildu cuestiona la existencia de tres haciendas forales en la comunidad autónoma vasca (a esas tres haciendas se les suma una cuarta en Nafarroa). Es un melón que ha abierto, además, en puertas de que se negocie el nuevo estatus de autogobierno. El único acuerdo que se ha alcanzado con EH Bildu sobre el entramado institucional fue la Ley Municipal de la CAV, y han pasado ya nueve años. 

Las haciendas forales

Con esta posición sobre las haciendas forales, EH Bildu abraza un modelo centralista para la organización interna de la propia comunidad autónoma. De entrada, Pello Otxandiano ha defendido que la competencia fiscal pase de las diputaciones al Gobierno vasco, porque “no tiene mucho sentido que, en la era de la inteligencia artificial, este país tenga tres haciendas”. Ya venía apostando por la armonización fiscal, lo que contradice la propia práctica política de Bildu de 2011 a 2015, cuando gobernó la Diputación de Gipuzkoa. En ese momento, ejerció como contrapoder, y sostuvo afirmaciones como que “la armonización es importante siempre que concuerde con nuestros criterios; si no, seguiremos con lo nuestro”, como dijo su portavoz Larraitz Ugarte. Ahora el criterio es otro, y reivindica la armonización fiscal. Pero eso es en términos generales lo que se ha tratado de practicar durante años en la comunidad autónoma, aunque se ha hecho sin imponerlo y sin arrebatar su autonomía a Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. Como contrapeso a su planteamiento centralista, EH Bildu solo ha mencionado que los ayuntamientos tendrían un papel destacado.

Es cierto que EH Bildu no es el único grupo que ha abierto este debate. En otros términos, los propios aliados del PNV, los socialistas vascos, repescaron en diciembre su idea de transferir al Parlamento, al menos, la competencia normativa para diseñar los impuestos, con el argumento de que esta Cámara es la que decide en mayor medida a qué políticas se destina el dinero (Osakidetza, vivienda...). En cualquier caso, el PSE no es un partido abertzale y no se le presumía tampoco una visión más descentralizada para el propio entramado vasco.

En el pasado, este sí fue un debate entre abertzales, aunque sus consecuencias son conocidas: la escisión en el PNV y el nacimiento de la Eusko Alkartasuna de Carlos Garaikoetxea fueron provocados por su aspiración de concentrar más competencias en el Gobierno vasco con la Ley de Territorios Históricos. Queda la duda de qué podría ocurrir si se abre la caja de Pandora de las competencias fiscales, en un momento en que algunos sectores del Estado con capacidad de influencia tienen aspiraciones que van más allá, siguen viendo como un privilegio la autonomía de Euskadi para recaudar impuestos y creen que debería pagar más Cupo. Es decir, se sigue cuestionando la propia foralidad.

La respuesta de Mediavilla

En ese contexto, el burukide del PNV Koldo Mediavilla publica este sábado en la sección Iritzia de este medio de comunicación un artículo donde se refiere a las palabras de Otxandiano: “Muy clarificadora su tesis centralista (...). Un modelo sobre el que la izquierda abertzale siempre había pasado de puntillas pero que, al parecer, ahora comienza a posicionarse. Por cierto, Otxandiano olvidó que en este país no hay tres haciendas sino cuatro. Y es que Navarra también tiene la suya”. Y añade que “no es cierto que en los territorios forales haya tres políticas fiscales distintas” ni que la reforma planteada incida en esas diferencias. “Hay una única política tributaria”, “una y armonizada”, dice.

También le recrimina sus críticas a la revisión fiscal: “La principal merma recaudatoria de la reforma presentada obedece a la protección de las rentas más bajas, a las que se les exime de tributar hasta los 19.000 euros de ingreso (esa medida supone el 80% del impacto económico). Lo que no dice Otxandiano es que con solo dos de las medidas propuestas por su grupo –la monetización de las deducciones por vivienda y descendientes y la traslación de la tarifa general de Navarra al conjunto de los tres territorios de la CAV– el impacto negativo en la recaudación sería de 450 millones de euros menos”.