La Generalitat ha encargado a los Mossos d'Esquadra y a la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya investigar el presunto espionaje a dirigentes independentistas mediante el programa 'Pegasus' para averiguar quién lo encargó y quién lo llevó a cabo. Lo han explicado en rueda de prensa este martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat junto al resto del Govern, después de una reunión extraordinaria para coordinar la respuesta del Ejecutivo ante este presunto espionaje.
Aragonès ha explicado que llevarán el caso ante el Consejo de Europa, ante órganos internacionales de protección de derechos humanos y ante la Unión Europea, que ya investiga presuntos seguimientos políticos en Hungría y Polonia: "Hoy, este espionaje masivo sitúa a España al lado de estos Estados". El presidente también presentará una denuncia a título individual por el presunto espionaje que sufrió, según ha detallado, cuando era vicepresidente de la Generalitat -en las semanas posteriores a la sentencia del 1-O- y durante las negociaciones para la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a inicios de 2020.
Preguntado por si tiene garantizada la seguridad de su teléfono en la actualidad, Aragonès ha contestado: "No puedo asegurar al 100% que en estos momentos mis comunicaciones estén protegidas". En paralelo, ha pedido al Gobierno que abra una investigación interna para identificar a los presuntos responsables, que facilite la labor de una futura comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y que asuma "toda la responsabilidad" que pueda derivarse de los resultados.
Por su parte, la Generalitat prestará apoyo, defenderá y acompañará a todos los trabajadores públicos que en ejercicio de su cargo fueron víctimas de la presunta trama de espionaje revelada por el centro de investigación 'Citizen Lab', que afecta a unas 60 personas vinculadas al independentismo. El vicepresidente Jordi Puigneró ha asegurado que el coste del seguimiento -indetectable y que solo pueden usar los Estados, ha dicho- pudo superar los 20 millones de euros, según los primeros cálculos: "La represión española tiene un cheque en blanco para combatir el independentismo político".
Además, ha expresado el compromiso de los partidos del Govern de impulsar reformas en el Congreso de los Diputados para modificar normas que afectan este ámbito, como la ley de seguridad nacional, la ley de telecomunicaciones y la normativa sobre ciberseguridad. En concreto, ha defendido derogar el Real Decreto sobre la Seguridad Digital -el llamado 'decretazo digital'-, que considera que invade las competencias de la Generalitat y "permite intervenir las comunicaciones sin autorización judicial", ha criticado.