El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha anunciado esta semana que suprime el Impuesto de Patrimonio. La comunidad más poblada, deficitaria en su balanza fiscal con el resto de regiones, sigue la senda de Madrid –que también bonifica el 100% del Impuesto de Sucesiones–, y se convierte en el nuevo símbolo de la política económica de la derecha española.
La medida no tendrá gran impacto presupuestario. Son 93 millones menos de recaudación al año en un presupuesto de 44.000 millones. Pero beneficia solo al 0,2% más rico de la comunidad, que se ahorrará una media de 5.000 euros al año. Lo que ha llevado al Gobierno central a calificar de “disparate” y de “irresponsable” el anuncio del Ejecutivo andaluz.
Los partidarios de la medida alegan que el Impuesto de Patrimonio es injusto porque grava bienes que ya se han tributado de forma previa, ya fuera en el IRPF o en el IVA. Un argumento similar al que emplean para cuestionar el impuesto a las herencias (sucesiones), que también camina hacia su progresiva eliminación.
Sus partidarios defienden sin embargo que se trata de una herramienta clave para garantizar la equidad social y combatir las desigualdades. Además, el tipo impositivo con el que se grava el patrimonio es relativamente bajo, queda exenta la vivienda habitual y, en el caso de Navarra, los primeros 550.000 euros.
Pero el debate va más allá y apunta directamente al conjunto del sistema tributario. Ha sido recurrente escuchar estos días a diferentes líderes de la derecha reivindicar que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos y que bajando los impuestos al final se recauda más. Una teoría ampliamente rebatida y que se ha demostrado incierta. Es más bien al contrario. Allí donde los impuestos son bajos los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. La ecuación realmente es bastante sencilla.
Una izquierda indefensa
Pero esta es una batalla ideológica a la que la izquierda renunció hace tiempo. Basta recordar cómo el Gobierno de Zapatero presumía de que “bajar impuestos es de izquierdas”, o cómo a modo de promesa electoral ofreció un descuento de 400 euros en el IRPF al margen de la renta o de la circunstancia familiar. O, más recientemente, cómo el Gobierno de Navarra aprobó el pasado año un aumento de los mínimos personales y una deflactación del 2% sin distinción de renta. Algo parecido a lo que ahora plantea Navarra Suma como respuesta a la inflación.
Desde el punto de vista electoral siempre ha sido más rentable prometer rebajas de impuestos. Aunque para el elector medio el ahorro sea proporcionalmente mínimo. Incluso aquellos partidos que se atreven a plantear una subida se esfuerzan mucho en subrayar que sus medidas solo afectan a las “rentas altas” y no a las “medias y trabajadoras”, ese significante vacío en el que se identifica la gran mayoría de la población. La prioridad siempre ha sido ganar las elecciones.
Ahora esos mismos partidos se encuentran ideológicamente indefensos para hacer frente a una ofensiva que amenaza a todo el sistema tributario. Porque el problema no es ya la supresión del Impuesto del Patrimonio, sino el argumento real que esconde la medida del Gobierno andaluz: competir con el paraíso fiscal en el que se ha convertido la Comunidad de Madrid.
Evidentemente no lo va a lograr. Tampoco Murcia, que ha ido detrás con la misma medida. Y no lo harán porque como buen modelo capitalista que es, Madrid goza de una posición dominante en el mercado fiscal desde la que seguir ofreciendo incentivos a las grandes rentas y patrimonios. Financiada con los recursos que le aporta una capitalidad del Estado sostenida por el resto del país, Madrid siempre podrá imponer la ley del más fuerte a costa del resto de regiones, que se intentan defender vaciando la caja en beneficio de los que más tienen.
De poco sirven las quejas del Gobierno de España y de los partidos que lo apoyan. Hace tiempo que asumieron el marco ideológico de la derecha y ahora no tienen armas con las que hacerle frente. Para el PP es fácil recordar que fue el PSOE quien suprimió el impuesto del patrimonio en todo el Estado en 2008, o agitar el fantasma de la subida de impuestos para invalidar cualquier crítica política.
Así que no habrá armonización fiscal ni suelo mínimo, como ha sugerido el ministro de Inclusión. Tampoco un impuestos para ricos, como anuncia de forma tan firme como indefinida la ministra de Hacienda. Y está por ver en qué queda el nuevo tributo a la banca y a las grandes corporaciones energéticas que tramita el Congreso y que, como ya ha ocurrido con las tasas Google y Tobin, posiblemente acabará en poco más que un brindis al sol.
Tiene razón el Gobierno de Navarra cuando denuncia la actitud “insolidaria” e “incoherente” de la Junta de Andalucía. Pero la respuesta resulta claramente insuficiente. Si esto va a ser un casino, lo mejor sería apostar fuerte y eliminar directamente el Impuesto de Sociedades. A fin de cuentas, las pequeñas empresas cada vez aportan menos y las grandes hace tiempo que encontraron la manera para diluir su responsabilidad fiscal. Quizá entonces alguien se empiece a tomar en serio todo esto.