La huelga de Justicia entra en su novena semana con 1.200 juicios suspendidos en Navarra

La huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia entra en su novena semana con las cifras de paralización de la actividad en aumento con 1.200 juicios suspendidos, 2.200 demandas pendientes de admisión y 13 millones de euros bloqueados en las cuentas de los juzgados de Navarra.

Así lo indican en un comunicado en el que tras recordar que los letrados en huelga no tramitan procedimientos judiciales ni tampoco expedientes de Registro Civil, salvo los declarados como servicios mínimos, alertan de que los retrasos acumulados "van a lastrar la administración durante varios meses, tal vez un año si, en el mejor de los casos, una vez finalizada la huelga, se aprueban planes de actuación para su recuperación (que conllevarán un importante coste)".

La huelga entra en su novena semana sin que, según denuncian, el Ministerio de Justicia haya reanudado el proceso negociador a pesar de lo prometido por su titular a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Justicia, de requerirlo expresamente el Congreso de los Diputados, y de la carta que Pedro Sánchez escribió a este fin a los convocantes de esta huelga.

Tras censurar que el Ministerio mientras habla de la huelga en diferentes ámbitos pero no con los letrados, opinan que "la Justicia nunca ha sido una prioridad de los gobiernos porque no da votos".

Sin embargo, subrayan, "mejorar la justicia acelera la solución de los problemas de un pequeño grupo de personas a costa de otras, que tienen que pagar los daños que han provocado. El 50 % de los usuarios del sistema judicial se consideran perjudicados: por cada casero que reclama el cobro de un alquiler atrasado âsuyo por derecho- hay un inquilino que tiene que pagarlo. Esto no es rentable políticamente, da pocos votos y algunos en contra".

"Los negociadores del Ministerio, que cobran 2 o 3 veces el salario de un Letrado de la Administración de Justicia, no se juegan nada y, los perjuicios, los pagan los ciudadanos, primero con el retraso en sus procesos, y al final con impuestos", aseveran para concluir señalando que "ni el Secretario de Estado de Justicia, ni la Ministra de Justicia han hecho nada en dos meses, entonces ¿quién tiene que ponerse al timón?".