La huelga de Letrados de la Administración de Justicia en Navarra ha suspendido ya 800 juicios y bloquea 10 millones de euros, así como 1.800 asuntos pendientes de admisión y los escritos pendientes de trámite, que dejaron de contarse cuando superaron los 5.000. Así lo detalla el comunicado de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia de Navarra (UPSJ-Navarra) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ- Navarra), en el que informa del comienzo de las negociaciones entre el Ministerio de Justicia y el Comité de LAJ a más de un mes del inicio de esta protesta, que arrancó el pasado 24 de enero.
A nivel nacional, los organismos cifran en más de 200.000 los juicios suspendidos, hecho del que culpabilizan al Ministro, que "nada ha hecho por arreglar la situación con la Administración de Justicia, ni por el bien de los funcionarios, los ciudadanos, y los profesionales afectados" y esperan que se haya dado cuenta de que, "aparte de sus labores cotidianas, los LAJ son también una pieza fundamental en las elecciones".
Asimismo, acusan al Gobierno de Navarra se de "ponerse de perfil" ante el "evidente descalabro de la Administración de Justicia en su territorio", para alertar del coste de todos los procesos atrasados, que calculan en un millón de euros, ya que, alegan "la oficina judicial no puede mitigar ese retraso con su jornada ordinaria".
Cabe recordar que el 24 de febrero tuvo lugar una primera reunión con el Comité de Huelga, que finalizó sin acuerdo y este lunes se retomará, si bien, "no se prevé una solución inmediata al conflicto".
Por último, UPSJ Navarra y CNLAJ Navarra asegurar querer "volver a la normalidad", pero sin permitir que "se repita lo que pasó en abril del último año, cuando los LAJ suspendimos una huelga por unos compromisos del Ministerio que este luego no cumplió". Por lo tanto, sostienen que mantendrán "las medidas de presión cuanto sea necesario".
LAS DEMANDAS
Los letrados de la Administración de Justicia reclaman "derecho a la negociación colectiva propia" y "la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico que responda a la realidad de la profesión y de su categoría A1". Sobre esta segunda cuestión, han explicado que "el documento está redactado y paralizada su tramitación desde verano".
Además, reclaman "la adecuación salarial que se deriva de la atribución legal de nuevas y numerosas funciones profesionales, así como la mejora retributiva propia de la categoría profesional que ostentamos".