La Iglesia declina integrar la comisión para reconocer a víctimas abusadas en su seno

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. El Arzobispado de Pamplona ya ha comunicado a la consejería de Justicia del Gobierno de Navarra que no formará parte de la comisión investigadora que está prevista en la Ley de reconocimiento de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en la Comunidad Foral. La comisión entrará en marcha este mes, adscrita al Departamento de Justicia, y con las dos vacantes en los nombramientos que debía designar la diócesis, contará finalmente con siete miembros designados para un período de seis años (reelegibles). Cuatro de estos, propuestos a partes iguales por el Departamento de Justicia y el Parlamento, deberán tener experiencia en materia de víctimas y competencia profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico. El Gobierno va a proponer al sacerdote y uno de los fundadores de Foro Gogoa, Guillermo Múgica, y al jurista e historiador Mikel Córdoba Gavín, abogado especializado en Derechos Humanos, que ha trabajado con colectivos de base colombianos y exguerrilleros. Los dos nombramientos que realizará el Parlamento se aprobarán esta semana. Los otros dos representantes que se nombran a iniciativa de las asociaciones de víctimas sexuales serán Josean Etxauri, responsable de Psimae, instituto de psicología jurídica y forense de Navarra, que tiene desde hace años adjudicado el tratamiento psicológico a víctimas y agresores, y el profesor e investigador de la UPNA, Mikel Lizarraga, autor del libro que recopila testimonios de 60 víctimas. En total siete integrantes, incluida la secretaría, puesto que recaerá en la persona que ostente la jefatura de la Oficina de Asistencia a Víctimas.

La comisión, que se reunirá al menos una vez al mes, adoptará sus acuerdos por mayoría de votos, decidiendo en caso de empate la presidencia con su voto de calidad. Entre las funciones de la Comisión consta la elaboración de una memoria anual, donde dará cuenta de los resultados de sus trabajos, las solicitudes recibidas y las propuestas de resolución expedidas, y una memoria final, que coincidirá con el fin de su mandato.

Como queda dicho la Iglesia ha declinado su participación y ni siquiera ha sido el propio Arzobispo el que ha comunicado la decisión. A raíz de la aprobación de la ley, que solo encontró el voto en contra de Navarra Suma, el Arzobispado realizó las siguientes consideraciones que demuestran bien a las claras su posicionamiento, que coincide además con la postura del grupo parlamentario regionalista. La Iglesia navarra se siente señalada con dicha ley y afirma que debería tratarse de una normativa para investigar todos los abusos sexuales cometidos en la Comunidad Foral en todos los ámbitos, no solo en el eclesiástico. Por ello, desde el Arzobispado informaron en su día tras la aprobación de la ley que “todas las leyes que reconozcan desde las administraciones públicas a las víctimas de abusos sexuales son bienvenidas. Lamentamos que muchas otras víctimas de diferentes ámbitos, cuyos casos también están prescritos, no reciban ese reconocimiento”. Además, añadieron “tratar con desigualdad a las víctimas, sin tener en cuenta la igualdad de todas ellas produce, sin duda, revictimización y discriminación” y respecto a su participación en la comisión prevista en la ley “la Iglesia católica no participará, siguiendo el criterio de no participar y colaborar”. Finalmente, señala “que todas las víctimas tienen el re-conocimiento de la Iglesia, que trabaja desde hace décadas para erradicar esta lacra social, tanto en la formación de los que tratan con menores (profesores, catequistas, sacerdotes, etc.), como en la creación de ambientes seguros y sistemas de prevención”.

Al aprobarse la ley, apoyada por todos los grupos salvo Navarra Suma, la parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno afirmó que su partido “no se va a poner de lado, queremos visivilizar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica”. “La Iglesia ha dado pasos insuficientes y decepcionantes en España pero la opinión pública quiere que esto se esclareza”. Blanca Regúlez, de Geroa Bai, expresó que se busca brindar justicia a un colectivo que no ha visto reconocidos sus derechos a la verdad y a la reparación”. Desde EH Bildu, Arantxa Izurdiaga señaló que la “inmensa mayoría de delitos de este tipo han prescrito, han quedado impunes, y a través de esta ley se pretende un reconocimiento social, no un reconocimiento judicial”. “Las víctimas han sido doblemente victimizadas, abusadas, silenciadas e ignoradas”. El portavoz de Podemos, Mikel Buil, destacó que “Navarra ha tenido la suerte de tener a decenas de personas las víctimas que han tomado la voz y es la primera Comunidad en dar un espacio oficial a las víctimas para conocer su verdad y evitar su silencio”. Por último, Marisa de Simón (I-E), valoró que “tiene un valor sanador que una institución reconozca que esos hechos ocurrieron”.