El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, niega la “veracidad y fiabilidad” de los resultados de la encuesta del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia y exige una revisión “exhaustiva e imparcial” de los datos para corregir “cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa”.
En el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Omella reconoció que el informe del Defensor del Pueblo “ha llenado de tristeza” a los obispos, pero también de “dolor y malestar” ante la difamación pública causada por “una intencionada y errónea extrapolación” de la encuesta que señala que el 1,13% de los españoles ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% por parte de un sacerdote o religioso.
“Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos, para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa. Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados”, subrayó Omella.
El cardenal arzobispo de Barcelona valoró las recomendaciones propuestas por el Defensor, pero rechazó la extrapolación de datos realizada de la encuesta que –asegura– le ha causado una “intensa decepción”, al tiempo que criticó “la dudosa fiabilidad de los resultados presentados de dicha encuesta”.
“Dicha infundada e intencionada extrapolación condujo a algunos medios de comunicación a la exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la Iglesia; cuando lo único cierto y contrastado es que el Defensor del Pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas”, señaló.
En este sentido, recordó que el propio defensor, Ángel Gabilondo, dijo que no se podía hacer esta extrapolación de datos, “y muchos técnicos así lo han confirmado durante las últimas semanas”. Argumentan los obispos que no se puede extrapolar una cifra del 0,6% cuando el margen de error de la encuesta es del 1,1%. Y lamentan que esto haya generado una “imagen perjudicial” de la Iglesia, por lo que exigen “una revisión exhaustiva e imparcial de los datos, para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa”. “Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados”, subrayó.