Si inicialmente había dudas sobre su encaje constitucional, el pacto migratorio entre PSOE y Junts no sólo empieza a caracterizarse por su indefinición sino que está enturbiando el clima político y, en el mundo independentista, sólo ha servido para complicar aún más sus relaciones. Para empezar, Moncloa sostiene ahora que es replicable a otras comunidades autónomas, mientras que Esquerra lo tacha de humo y el partido de Carles Puigdemont acusa al Govern de Pere Aragonès de no querer ejercer la competencia y “menospreciarla”. El Gobierno español, que ha buscado como sea rebajar el suflé de su trascendencia, apunta a la “España de la cogobernanza” como gran titular para justificar lo que llama “delegación” de esta materia –en el marco del artículo 150.2 de la Constitución– que seguiría siendo titularidad del Estado. “Hay que hacer una ley orgánica que se debata, que se vea el perímetro que alcance y que se pacte con el resto de formaciones y se apruebe”, verbalizó la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
En este escenario, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se afanó en explicar que la política sobre migración es “europea” y por tanto quien ejerza las competencias sobre esta materia debe seguir las directrices que marcan las instituciones continentales. Así, recordó que se acaba de firmar en diciembre el pacto de migración y asilo en el que se establece “con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa. Y a partir de ahí, quién ejerce la competencia es importante pero tiene que hacerlo dentro de las orientaciones que marca el pacto de migración europeo y las orientaciones de la Comisión Europea”, reiteró el ministro socialista. Eso sí, sin aclarar realmente cuáles son las facultades que se han delegado, ya que Junts entiende taxativamente que permitirá a Catalunya decidir sobre el reparto de migrantes y aspira a poder expulsar a inmigrantes que cometan delitos de manera reincidente.
Bolaños echó balones fuera cuando se le interpeló sobre si este asunto había provocado gran enfado en el Govern, que pone en duda que en realidad haya sustancia en ese acuerdo, quién sabe si molesto el Ejecutivo catalán por la preponderancia que cada vez más adquiere la formación de Puigdemont. La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, desveló ayer que su homólogo le indicó, mediante conversación telefónica de unos veinte minutos, que “en ningún caso se trata de un traspaso” y que se ciñe a una “delegación”, y que tampoco está sellada. “Es un acuerdo muy difuso”, describió en RAC1. “Me confirmó que no hay ningún pacto en relación a qué delegaciones hacer. Es sólo un acuerdo que dice que se impulsará una ley orgánica que planteará a ver qué delegaciones puede haber. No hay nada inminente ni nada que signifique un cambio sustancial respecto a lo que tenemos”, concretó. La posición republicana tampoco ha sentado bien en Junts. Su vicepresidente y portavoz, Josep Rius, acusó al Ejecutivo de Aragonès de “renunciar a gobernar”. “No sorprende que el Govern trate de menospreciar la delegación integral de competencias en inmigración. ERC ya votó en contra en el Debate de Política General. Renunciar a las competencias en inmigración es renunciar a gobernar”, sostuvo.
Los feudos del PP, en contra
Entre tanto, los presidentes autonómicos del PP no reclamarán que el Gobierno del Estado les delegue la competencia en inmigración, precisó su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado. Génova considera que la inmigración es una competencia estatal y exclusiva y que delegarla a la Generalitat es “tremendamente grave y un error garrafal” que “nadie comparte”, por lo que piden a Sánchez que recapacite. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha prometido de nuevo usar todos sus recursos para plantar cara a las “imposiciones” del “prófugo de la Justicia” –en alusión a Puigdemont– al PSOE, incluida la delegación de la inmigración a través de una ley orgánica. “Es evidente que el Gobierno de Sánchez ha pasado graves apuros el pasado miércoles y se ha visto obligado a tragar con todas las condiciones que le ha impuesto el señor Puigdemont, cuyo partido mantiene posturas xenófobas”, añadió Tellado como píldora a su argumentario.