Todas las estadísticas son reflejo de una situación pasada, pero en el caso del IPC ocurre que cuando se hace público el dato las familias ya lo han notado el bolsillo. El Instituto Nacional de Estadística confirmó ayer que la inflación está desbocada en el Estado. En concreto, según el dato adelantado, los precios crecieron en junio un 10,2%, lo que supone el mayor repunte en 37 años y constatar que la energía y la alimentación no dan tregua. Para buscar un nivel de IPC más elevado hay que remontarse a abril de 1985, el último año de la gran crisis de los años 80. La situación en ese sentido no es comparable: la economía sigue creciendo y, a pesar de las advertencias de algunos analistas, el riesgo de recesión es bajo.
Sin embargo, los protagonistas del recalentamiento de los precios son los mismos. Los carburantes y los productos alimentarios lideran la escalada de la inflación como ocurrió hace casi cuatro décadas. Son capítulos de gasto que afectan en general a todas las familias.
El INE destacó a su vez el incremento de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes. Además, la tasa de variación anual de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, los productos más volátiles) aumentó seis décimas, hasta el 5,5%. De confirmarse este dato a mediados de este mes cuando se haga público dato definitivo, sería la inflación subyacente más alta desde agosto de 1993.
La presión a los hogares aumenta. La inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta el 8,3%. Después, en mayo, escaló hasta el 8,7% y en junio ha superado los temidos dos dígitos.
Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, correspondientes a parte de la tercera y de la cuarta semana de junio, el precio medio de la gasolina y del gasóleo en registró un nuevo récord histórico en el Estado, consolidándose por encima de los dos euros por litro.
Además, en ambos casos se ha comido ya la totalidad de la subvención de 20 céntimos por litro que entró en vigor el pasado 1 de abril y que el Gobierno central acaba de extender hasta el 31 de diciembre en el paquete de medidas que aprobó el pasado sábado. Desde la invasión de Ucrania por Rusia a finales del pasado febrero, los precios de ambos combustibles se han disparado más de un 30%. Y ese elemento de tensión, que también está elevando el coste de la cesta de la compra, apunta a mantenerse los próximos meses.
Los sindicatos incidieron ayer en la necesidad de adaptar los salarios a los niveles de los precios. Así advirtieron a los empresarios de que no han a permitir que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, anticipando un otoño caliente. Por su parte, aunque Pedro Sánchez sí se pronunció al respecto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitó hacer comentarios en el Congreso sobre la subida de la inflación, alegando que “la noticia más importante” es la cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid.
Fue un intento de minimizar el impacto de la escalada de los precios, que ayer llegó en la arena política “Estamos ante una crisis de primer orden”, dijo el diputado del PP Jaime de Olano. Iñigo Errejón (Más Madrid) pidió al Gobierno ayudas directas y control de los precios energéticos y de la alimentación. Errejón aseguró que la situación “es terrible y es el mayor problema que tenemos”.