La información clasificada seguirá oculta y Moncloa no aclara qué hará con los GAL

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales franquista, de 1968, una ley que ha mantenido un velo de oscurantismo sobre la Transición o los GAL, no colma las aspiraciones de casi nadie. Pedro Sánchez recibió ayer lunes palabras de decepción por parte de sus socios de investidura y sus propios aliados en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, por haber optado por plazos de hasta 50 años, prorrogables otros quince, para sacar a la luz algunas informaciones, los altos secretos. Le exigen ambición y cambios, y todo apunta a que tendrá que hacerlos en el trámite parlamentario, salvo que opte por el PP. Este plazo de 50 años es el principal escollo. Pero, en el Consejo de Ministros de ayer lunes, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, presentó el anteproyecto de Ley de Información Clasificada como un texto con plazos “razonables”, y pidió a los partidos que se centren en lo importante. No dejó claro qué va a pasar con la información que ya está clasificada y lleva años en el cajón. Eso sí, no habrá desclasificación automática. Se irá caso por caso, vino a decir, porque la cantidad es “ingente” y no se puede tomar una decisión global. Y, además, no se aplicará la ley hasta seis meses después de aprobarla.

Vulneraciones de derechos humanos como la muerte de Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, la muerte de varios trabajadores el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, el fallecimiento de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978 tras las cargas por una pancarta por la amnistía, las acciones de los GAL desde 1983, o el intento de golpe de Estado de 1981 han pasado ya unos cuarenta años en el cajón. Si fueran alto secreto, aún les quedarían años por delante. Todo lo relacionado con los GAL sigue siendo materia sensible para el PSOE y aún parece fresco el recuerdo de Felipe González asegurando que la Ley de Memoria Democrática no le suena bien. Lo único que dijo Bolaños es que habrá un “régimen transitorio” que establece que los secretos se quedarán como están, salvo que se acuerde la desclasificación de oficio o a instancias de alguna persona que tenga interés directo. Los ministros o la autoridad competente tomarán una decisión, pero siempre “preservando la seguridad nacional y la integridad y vida de las personas que puedan estar citadas en esos documentos”. Se le preguntó expresamente por los GAL y el 23-F, pero no entró en la casuística concreta.

Bolaños añadió que se puede hacer una clasificación a futuro, pensando en el fin de un conflicto bélico o la muerte de una persona. Se valorará la idoneidad de las personas que pueden acceder al secreto. Y se establece un procedimiento para que una persona directamente afectada pueda recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, un proceso al que, por ejemplo, podrían acceder los familiares de Mikel Zabalza, pero en sentido estricto no es una novedad porque ya se les había emplazado a acudir al juez. Ahora simplemente se concreta a qué juez.

El Gobierno de Sánchez defiende que esta reforma sitúa al Estado al mismo nivel que otros países de la OTAN, porque va a dejar atrás una ley franquista donde los secretos son clasificados de por vida. Pero, en realidad, lo que ha hecho el Gobierno español es un movimiento de mínimos: ha elegido la franja de años más elevada de los países del entorno, para dejar a la sombra las materias de alto secreto durante medio siglo, un periodo que además es prorrogable otros quince años. Bolaños, sin embargo, sostuvo que países como Dinamarca, Francia o Italia no tienen plazo, Suecia lo tiene de 70 años, y Alemania de 30, “pero para todas las informaciones secretas”. Moncloa ha optado por establecer cuatro categorías (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) y deberán pasar de 50 a 4 años. En las dos primeras, además, los plazos son prorrogables. Y la publicación podría ser parcial, con párrafos censurados.

¿NEGOCIAR?

Este texto se puede reconducir a través de la tramitación parlamentaria. Y es solo un anteproyecto del Consejo de Ministros, que tendrá que pasar por una segunda vuelta. De hecho, los ministros de Unidas Podemos no comparten los plazos de los socialistas. Es una crítica muy generalizada entre los socios.

Antes de conocer los detalles, el PNV había expresado su “decepción” y no fue informado con carácter previo de los contenidos. Además, lleva seis años peleando la reforma con una propuesta de su cosecha que se ha visto sometida a maniobras dilatorias del PP y del PSOE con los plazos de enmiendas. La propuesta del PNV planteaba unos tiempos más manejables: 25 años para los secretos, y diez para los reservados.

Sánchez ha decidido echar por tierra esa labor y empezar de cero con un anteproyecto, lo que lleva a una segunda consideración: el PNV desconoce si dará tiempo a aprobar la ley en el año que queda de legislatura y pide acelerar los plazos. Bolaños calcula que se aprobará a finales de este año o principios del siguiente. EH Bildu se decantó por pedir de manera tajante a Sánchez que rectifique porque cree que su anteproyecto no arrojará luz sobre los GAL.

BOLAÑOS FRENTE A ROBLES

Aunque la reforma podría haber sido un guiño a ERC tras el espionaje a los soberanistas, las filtraciones apuntan a un acuerdo con el PP. De hecho, los populares trataron de seducir ayer a Sánchez pidiendo que pacte con ellos este y otros asuntos que atañen a la seguridad del Estado y se quejaron de no haber sido informados.

Otra novedad radica en la pérdida de poder de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en beneficio de Bolaños. Este ministro tendrá el control sobre la información clasificada a través de la Autoridad Nacional de Seguridad, la ANS, que dejará de depender del Centro Nacional de Inteligencia. Oficialmente, se necesitaba poner al frente a un ministerio transversal, porque las materias secretas no atañen solo a seguridad y defensa, sino también a la economía. Robles dijo que todos están satisfechos. Pero es difícil olvidar el pulso que mantuvieron ambos tras el estallido del espionaje, cuando Robles se empeñó en defender sin fisuras al CNI. El PP cree que se aparta a Robles para lograr el aval de ERC y lo lamenta. La propia ministra deseó ayer el aval del PP a la ley.

Los altos secretos y los secretos los clasificará y desclasificará el Consejo de Ministros. El resto los controlarán los ministerios, los secretarios de Estado, el jefe del Estado Mayor o los jefes de los Ejércitos. Serán confidenciales las informaciones que puedan perjudicar al Estado, y serán restringidas las que le resulten desfavorables. Los diputados podrán acceder a los documentos tramitando una petición en la comisión de secretos oficiales.